Días pasados se concretó la audiencia de control de detención y apertura de la investigación contra un menor G. P. F. a quién se le imputó formalmente el delito de “tentativa de homicidio”. La víctima es otro menor J. L. A. quién recibió herida de arma blanca en el interior de una escuela, el cual se encuentra en estado reservado, hemodinámicamente inestable, en terapia intensiva del Hospital Regional con asistencia respiratoria mecánica. Al concluir la audiencia la jueza penal dictó la prisión preventiva del menor imputado G. P. F., hasta sustituirla por su arresto domiciliario con pulsera electrónica. La jueza fundó su decisión en lo gravísimo del hecho, por las circunstancias y el lugar donde se da el hecho, en el interior de una Institución escolar; como también en el contexto adolescente en el cual puede darse el peligro de entorpecimiento de la investigación.

En la audiencia de control y apertura se dio por formalizado el hecho en contra del menor imputado, dándolo por informado del ilícito que se investiga en su contra bajo la calificación legal provisoria de “autor” de “tentativa de homicidio”, y por asegurada su defensa técnica. Asimismo se estableció el plazo de tres meses para concluir con la investigación.

Audiencia de revisión de la prisión preventiva:

Días después se ejecutó una audiencia de revisión de la prisión preventiva del caso en la cual al concluir la misma se dispuso sustituir la prisión preventiva que en la pasada audiencia de control y apertura se había dispuesto para el menor G. P. F. por la de arresto domiciliario bajo supervisión, con tobillera electrónica por el término de tres meses. Asimismo se le impuso prohibición de mantener contacto por cualquier medio con testigos presenciales del hecho. La medida sustitutiva de la prisión preventiva será revisable en cualquier momento en base al estado de salud de la víctima, estableció la jueza.

Presidió ambas audiencias Raquel Tassello, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal se hicieron presentes Cecilia Codina, fiscal general y Eve Ponce, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa del menor G. P. F. fue ejercida por Cristina Sadino, defensora pública y Andrea Mac Garva, asesora de menores.