Los miembros de la Federación Latinoamericana de Fiscales emitieron un fuerte pronunciamiento denunciando acciones políticas tendientes a restringir las facultades de los fiscales para investigar delitos vinculados a la corrupción y el crimen organizado en toda la región. Particularmente se refirieron a la situación de Brasil, con una nueva ley que establece de modo vago, tipos penales que contemplan la posibilidad concreta de perseguir a fiscales por el presunto delito de abuso de autoridad. He aquí el documento completo.
La Federación Latinoamericana de Fiscales ve con preocupación que en diversos ámbitos de la Región se usan de manera espuria instituciones republicanas, con la finalidad de someter a los/las integrantes de los ministerios públicos fiscales a los designios del poder político. En nuestros sistemas constitucionales, de raíz republicana, se pretende mantener a las instituciones judiciales, tanto fiscalías como juzgados, al margen de las coyunturas políticas y de ese modo fue entendido el rol en los instrumentos internacionales vinculados con la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en general.
Puntualmente, consideramos particularmente grave la situación planteada en la República Federativa de Brasil, donde se dictó una ley Federal (N° 13.869) que, violando el principio de legalidad, por la vaguedad de los tipos penales establecidos, contempla la posibilidad concreta de perseguir penalmente a los/las fiscales por el presunto delito de abuso de autoridad.
Tal previsión legal atenta directamente contra la posibilidad de la persecución penal, pues normalmente se basa en presunciones legítimas de culpabilidad y el ámbito para definir su certeza es precisamente el juicio, donde rigen plenamente las garantías de defensa. De modo que poniendo a los/las integrantes del Ministerio Público Fiscal bajo la amenaza de ser imputados de delitos por la sola situación de que la acusación no tenga éxito, se paralizará cualquier acción concreta contra la corrupción o el crimen organizado y se borrará la vigencia de los tratados internacionales en tal sentido.
Del mismo modo, situaciones en las que se abusa de la institución del juicio político, prevista para desplazar a funcionarios corruptos o ineptos, con argumentos superficiales o banales que sirvan de apoyo a simples mayorías políticas coyunturales o el establecimiento de regímenes que contemplen el sometimiento de los/las fiscales a la ratificación periódica del mandato por parte de organismos políticos, importan una farsa de legalidad tendiente a socavar la necesaria independencia de la investigación criminal.
Por ello, reunidos en el marco de la XXIV Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Fiscales, los/las integrantes de la Federación Latinoamericana de Fiscales repudiamos las prácticas expuestas, las denunciamos como contrarias a las convenciones vigentes contra el crimen organizado y la corrupción y requerimos que se respete en la Región la independencia funcional y la pertinente autarquía financiera de los ministerios públicos fiscales.
