La causa “Revelación” demandó más de dos años de investigación y un mes de debate en juicio oral y público. De esta manera la Fiscalía culminó con la investigación de una compleja causa de corrupción en la provincia del Chubut. Ahora se aguarda el veredicto de los miembros del tribunal integrado por los jueces Mariano Nicosia, Ivana González y Alejandro Rosales. Según los plazos procesales, la condición de culpabilidad o inocencia de cada uno de los ocho imputados, deberá conocerse antes del próximo lunes.

A criterio del Ministerio Público Fiscal, las pruebas resultaron “sobreabundantes” para que  los imputados resulten hallados responsables. Se trata de los ex funcionarios Pablo Oca, Diego  Correa,  Alejandro Pagani,  Martin Bortagaray, Víctor Cisterna, Diego Luters, Gonzalo Carpintero y el empresario Martin Castillo.

Esta asociación ilícita empezó a funcionar a partir del tercer gobierno de Mario Das Neves, desde diciembre del año 2015. Tuvo como objetivo principal el pago de retornos por parte de empresarios de la construcción. Estos retornos derivaban de la obra pública. Varios de esos empresarios durante el proceso, fueron beneficiados con el instituto de suspensión de juicio a prueba. Para los investigadores  estos empresarios fueron víctimas de la coacción por parte de los funcionarios y solo buscaban acceder al cobro de las obras ejecutadas.  

Para los fiscales Marcos Nápoli y Gustavo Núñez, la  asociación ilícita tuvo también sus ramificaciones en la  ciudad de Comodoro Rivadavia. La finalidad, fue apropiarse del Canal 9 de esa ciudad. Consideran que se pudo verificar que se iba pagando con montos de un millón de pesos por mes y otro millón derivado de los pagos de los retornos de los empresarios de la construcción.

Esta maniobra fue realizada en principio por Jorge Ninin, que fue condenado en este caso. También se mencionó a  Federico Piccione, que se ocupaba de llevar ese dinero y volcarlo en la deuda del concurso que atravesaba la firma Protel Patagónica, propietaria de ese canal televisivo.

Fueron consideradas claves las pruebas incautadas en la casa de la calle marconi 340 de Trelew de propiedad de los padres de Diego Luters, además de las pericias del Equipo Técnico Multidisciplinario (ETMs) dependiente de la Procuración General del Chubut.

Asimismo las pericias informáticas realizadas por personal de esa dependencia a cargo de Guillermo Figueredo,  marcaron un punto importante en materia probatoria. Así se fue determinando cómo funcionaba esa asociación ilícita  organizada por Diego Correa y  el sistema de liberación del pago que realizaba Pablo Oca.

Se exhibieron en el juicio oral numerosos mensajes de empresarios de la construcción, en general consultando por si se liberaba o no una orden de pago.

También en el debate fueron fundamentales los testimonios del personal de la Administración Pública. Por ejemplo resultaron reveladores los dichos de los choferes de la Unidad Gobernador que dirigía Correa al manifestar que el imputado Luters les encomendaba ir al Banco del Chubut a cobrar los cheques de los retornos depositados.

Los mismos empresarios manifestaron que los aportes eran  3 y 5% del total del costo de la obra pública ejecutada. Para los fiscales todos los empresarios fueron coincidentes en estos aportes, que se realizaron entre los años 2016 y 2017 y que fueron exigidos primero por Cisterna y luego por Correa.  A juicio de los fiscales “no quedó ninguna duda de que estas personas integraban una asociación ilícita que tenían como finalidad por un lado la de enriquecerse, afectando el patrimonio del Estado Provincial y el patrimonio particular de empresarios de la construcción que no tenían nada que ver con esta red que estaba enquistada dentro de la administración pública provincial del Chubut”.

Producido por el área de comunicación del Ministerio Público Fiscal - sede Rawson.