Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos  de Sarmiento (Coopsar): formalizan investigación por amenazas simples y proponen un acuerdo de reparación y conciliación

El juez Jorge Novarino, formalizó la investigación preparatoria de juicio, contra Antonio Colombo y Graciela Acebes, (titulares de la empresa de Servicios de Video Cable "Canal 10), en orden a los delitos de amenazas simples y daño. Asimismo, las partes, adelantaron que avanzaran en un acuerdo de conciliación y reparación, a los fines de que prospere una solución alternativa del conflicto,  entre los comerciantes y los  integrantes del consejo de administración de la entidad prestadora de servicios públicos.

La audiencia se realizó, mediante el sistema de comunicación telemática. El acto judicial, fue presidida por el magistrado Jorge Novarino. La fiscalía, estuvo representada por la fiscal general Camila Banffi(Comodoro Rivadavia). Los imputados, recibieron el asesoramiento técnico,  del abogado del Ministerio de la Defensa Pública, Marcelo Catalana. También, en carácter de  víctimas,  asistieron los integrantes del Consejo de Administración, Joaquín Jhonatan Colque y Héctor Fuente. La operación  del sistema, estuvo a cargo de los operadores de la Oficina Judicial.

En la ocasión, Banfi, explicó que su intervención obedece a una resolución del Procurador Jorge Miquelarena, en función de que las fiscales Laura Castagno y Andrea Vázquez, se excusaron de actuar en la investigación de esta causa judicial.

"Un día de furia"

Luego dio lectura al hecho denunciado. En este sentido, refirió  que la situación, se registró  el  8 de mayo de 2019, aproximadamente las 15:00,  en calle General Paz, entre las cales  Uruguay y Alberdi.

Allí,   se encontraban trabajando tres operarios de Coopsar. Estaban  realizando maniobras de desmonte de  una fibra óptica. En esas circunstancias, llegó al lugar  Graciela Acebes,  a bordo de una camioneta.

Según los investigadores, la imputada descendió del vehículo, y comenzó a insultar a los empleados. Luego, arrojó piedras - las que extrajo de una bolsa de compras- contra los trabajadores de la Cooperativa.

En este contexto, los damnificados, le dijeron a la imputada que se retirarían del lugar. En tanto, Acebes, les manifestó: "Te voy a cagar matando con mi revolver" y se dirigió de manera apresurada hacia el interior de su  vehículo.

 Ante la posibilidad que la imputada concrete su amenaza, los empleados de COOPSAR,  se retiraron de inmediato. En el lugar, quedó  una  camioneta de la empresa de economía social. En estas circunstancias, la procesada procedió a romper el parabrisas, vidrio lateral derecho, y el  espejo retrovisor derecho del rodado.

Al cabo de unos minutos, los empleados retornaron al lugar. Esta vez, lo hicieron junto al presidente de la entidad, Héctor Fuente. También dieron aviso al personal policial, al fin de constatar los daños sufridos en la camioneta.

Hasta allí,  a bordo de de su camioneta,  se dirigió el comerciante Antonio Modesto Colombo. El imputado, descendió de su rodado y comenzó a insultar a Fuentes.  También,  le profirió amenazas de muerte,  al presidente de la institución de servicios cooperativos.

Treinta minutos después del primer hecho, Graciela Acebes  irrumpió- visiblemente alterada- en la sede central de Coopsar, sobre la calle General Roca,  entre Avenida Ingeniero Coronel y calle Patagonia. Solicitó hablar con los integrantes del Consejo de Administración

Cuando una empleada administrativa le informó que no se encontraban presentes, Acebes,  habría exigido comunicarse con ellos de manera telefónica y caso contrario “mataría a todos con el arma que tenía en el auto",  concluyó.

 Por último, el tercer hecho denunciado,  ocurrió en el sector de cabinas. En ese lugar, Graciela Acebes, se encontró con el gerente de la entidad, a quien le manifestó “si te tengo que matar a vos también te mato”, y luego se retiró del lugar.

Así las cosas, Camila Banfi, explicó que la calificación legal provisoria prevista para Graciela Acebes, es la de presunta autora del delito de amenazas simples -tres hechos- en concurso real con el delito de daño. En tanto, solicitó que Antonio Colombo, sea investigado por el delito de amenazas simples.

 Por otra parte, requirió el plazo de seis meses de investigación y adelantó que en forma conjunta con el abogado defensor, trabajarían en la elaboración de un acuerdo,  con la intención de solicitar una reparación y conciliación, en el marco de los criterios de solución alternativa del conflicto

A su turno, Catalana, describió su interpretación respecto al contexto,  en el que se desarrollaron las situaciones plasmadas en la pieza de apertura de investigación preparatoria de juicio.

En este sentido, postuló que el desmonte de la fibra óptica, ordenada por Coopsar, estaba provocando  la afectación a los interese económicos de sus asistidos. Por ello,  la reacción de los imputados se podría enmarcar como un exceso verbal.

El representante del Ministerio de la Defensa Pública, también indicó que coincidía con la parte acusadora, que por las características de la situación y en procura de buscar una salida armónica del conflicto, para una vida en comunidad, sus asistidos aceptaban avanzar en la propuesta de una solución alternativa del conflicto.

En esta misma línea argumentativa, se expresaron los representantes del consejo de administración de la cooperativa.

Finalmente, Novarino resolvió tener por formalizada la investigación preparatoria de juicio, en orden a los hechos descriptos y las calificaciones legales provisorias escogidas por el Ministerio Público Fiscal. También, hizo lugar al plazo de investigación solicitado y concedió en avanzar con  las propuestas de reparación y conciliación, referidas por las partes.