En lo que iba a ser el inicio del juicio oral, luego de una postergación resuelta por el tribunal integrado por César Zaratiegui, María Tolomei y Gustavo Castro, en la sala de audiencias del sexto piso de tribunales las defensas de imputados por estafa en perjuicio del jóven heredero Roberto Sartaja efectuaron diversos ofrecimientos solicitando la posibilidad de aplicación del instituto previsto en el artículo 76 bis del código procesal penal en la figura de suspensión de juicio a prueba.

En primer término, Fabián Gabalachis que junto a Gustavo Uad ejercen la defensa del escribano Agustín Ojeda Ton, manifestó que una condena sobre su cliente sería de ejecución condicional habiendo permanecido todo el proceso en libertad y careciendo de antecedentes penales. Teniendo en cuenta que la norma exige una reparación económica en la medida de las posibilidades hizo un ofrecimiento de seis millones de pesos, dos de los cuales serían en forma inmediata a la resolución y los cuatro restantes en veinticuatro cuotas consecutivas. Además se comprometió a soportar las costas del juicio que serían de setenta y cinco mil pesos, integrando la parte que le corresponde. Por otro lado también aseveró que están a disposición sus servicios profesionales para reescriturar en forma gratuita propiedades a nombre de la víctima, siempre de acuerdo a las derivaciones que se den con los demás procesados.

Luego el defensor público Miguel Angel Moyano en representación del abogado Daniel González propició la aplicación de la suspensión de juicio a prueba para su defendido y puso a disposición del perjudicado un inmueble ubicado en Playa Unión, además de veinte mil pesos por mes en el transcurso de tres años. Asumió el pago de veinticinco mil pesos de costas relacionadas con el proceso y renunció al cobro de honorarios pendientes en cuanto a trabajos realizados con propiedades de Sartaja.

En el mismo tenor se expresó el defensor Lisandro Benítez, quien junto a Romina Rowlands defienden a Diego Armocida sobre quien pesa una pretensión punitiva de cuatro a doce años, pero cuya aplicación permitiría un piso de dos años en suspenso. Es así que Armocida decidió ofrecer la transferencia de los inmuebles que mediante escrituras se le otorgaron en su momento: así figura la escritura 193 correspondiente a chacra 203 de Gaiman con dos hectáreas, la 196 de cinco hectáreas, 194 de un terreno sobre Fontana sin número en Gaiman. Todas las reescrituraciones estarán a cargo del escribano Ojeda Ton. Además cancelaría dos hipotecas puestas en su momento a favor de Armocida sobre una vivienda y local y un departamento. Pero también ofreció la cesión a nombre de Sartaja de un carro panchero con todo instalado, también ubicado en Gaiman y la transferencia de un vehículo Kangoo modelo 2014, además de comprometerse a dar de baja ante la Inspección General de Justicia de una SRL, haciéndose cargo de los costos que derivaran de esta situación.

El fiscal general Fabián Moyano, junto al querellante particular Jorge Enrique Ferreira y los integrantes de asesoría de familia Pablo Rey e Ivana Baskov, comunicaron que se reunirían para evaluar los ofrecimientos efectuados, sin que esto signifique ninguna confirmación sobre la posible aceptación de los mismos. Ante esto, el tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio hasta mañana a las 10 en la misma sala, donde se conocerá la decisión de la víctima a través de sus representantes.

Cabe acotar, que solo el doctor Ignacio Britos que lleva adelante la representación legal de Aristóbulo Villegas pidió la sustanciación del proceso en la medida que corresponda para su cliente. El Ministerio Público Fiscal había imputado a Diego Armocida la comisión del delito de estafa por captación de incapaz del artículo 174 inciso 2 del código penal, diez hechos en concurso real ( artículo 55 del código), al abogado Daniel González y el escribano Agustín Ojeda Ton, de acuerdo a estafa por captación de incapaz, nueve hechos en concurso real. También se imputa a Aristóbulo Villegas por el delito de estafa por captación de incapaz en concurso ideal con el delito de administración fraudulenta del artículo 173, inciso 7 del código penal, ya que este último participó en la administración de un bien inmueble perteneciente al jóven, el cuál vendió haciéndose de un poder, obteniendo un vehículo y varios cheques de tal operación.