Tras la denuncia efectuada y posterior trabajo efectuado en coordinación entre el Ministerio Público Fiscal, la comisaría de la mujer y la asesoría de menores se produjo la detención de una persona imputada por abuso sexual en perjuicio de una menor de 14 años, por lo que hoy se desarrolló a través de videoconferencia la respectiva audiencia de control de detención con la participación de las partes.

Hecho

El hecho que se le imputa al detenido es el cometido en perjuicio de una menor de 14 años quien es hija de la esposa del sindicado y con quien convive. Según relató la funcionaria de fiscalía Julieta Gamarra los abusos habrían comenzado cuando la pequeña tenía 8 años en oportunidades en que se encontraba a solas con ella. Por esas circunstancias la víctima se fue a vivir con su padre biológico atemorizada sin poder contar su padecimiento a ninguna persona.

Posteriormente la menor volvió al hogar materno con 12 años conviviendo con el abusador, su progenitora y dos hermanas pequeñas. Desde ese momento nuevamente el imputado comenzó a abusar de ella aprovechando esa situación de convivencia y cada oportunidad en que las niñas menores dormían y la madre se encontraba trabajando. El hombre mantenía amenazada a su víctima manifestándole que si contaba a alguien lo que pasaba él le haría algo malo a sus hermanas pequeñas. Destacó la doctora Gamarra que el último hecho de abuso sexual ocurrió el día 1ro. de mayo del corriente año.

Como elementos de cargo presentados la fiscalía enumeró las denuncias radicadas la pericia ginecológica, el informe victimológico del servicio de asistencia a la víctima del delito y el informe de policía científica basado en una inspección ocular, planimetría y fotografías.

Calificación y solicitudes

La calificación legal provisoria es la de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma, en la modalidad de delito continuado, artículos 119 tercer párrafo y cuarto párrafo inciso f y 55 contrario sensu del código penal, todo ello enmarcado en la ley de violencia de género número 26845. Solicitó la apertura de la investigación por el plazo de seis meses fijado por las normas, quedando a cargo el fiscal Marcos Nápoli junto a la propia funcionaria Julieta Gamarra.

Argumentó además sobre la materialidad del hecho y la autoría que se desprende de la denuncia penal que ha sido radicada por la progenitora de la cuál surge claramente quien abusó sexualmente de la menor. Expuso sobre el peligro de fuga al hablar en referencia a la gravedad del hecho y la expectativa de pena que va de un mínimo de ocho años a un máximo de 20 años de prisión y solicitó la prisión preventiva. Todos los argumentos fueron refrendados por el asesor de menores participante en la audiencia, Pablo Rey.

Posición defensiva

Para la defensa que fue ejercida por Javier Allende no hubo oposición ni al relato del hecho ni a la calificación penal y remarcó que el imputado no tiene antecedentes condenatorios ni existen indicios que pueda querer fugarse o haya intentado hacerlo con arraigo en el lugar y tratarse de una persona de trabajo. Agregó que tampoco se puede ver que pondrá en peligro la investigación y refirió a la emergencia carcelaria vigente hasta junio de este año con falta de lugares para detenidos y profundizar sobre las condiciones de detención para finalizar pidiendo el arresto domiciliario.

Resolución

En su resolución la Jueza María Tolomei consideró que la detención del imputado es legal y determinó la apertura de investigación por los plazos legales y la calificación fiscal. Expresó que la denuncia es muy reciente y el Ministerio Público Fiscal tiene elementos suficientes para acreditar y verificar la materialidad del hecho y la probabilidad de autoría coincidiendo con la fiscalía respecto al peligro procesal de fuga, a la vez que las manifestaciones de la defensa no logran neutralizar el riesgo mencionado con la medida domiciliaria propuesta. Tuvo en cuenta también lo mencionado por la doctora Gamarra respecto de la situación actual en el marco de la pandemia ya que el imputado es una persona de 34 años que no está considerada de riesgo y debe considerarse el caso concreto que hoy se investiga y da cuenta de la peligrosidad de los delitos endilgados. En consecuencia, resolvió la prisión preventiva del abusador por el término de tres meses.