Audiencia de revisión por tentativa de robo agravado por el uso de arma blanca
En horas de la mañana del viernes se llevó a cabo en sede de los tribunales penales del barrio Roca la audiencia de revisión de la prisión preventiva, solicitada por la defensa, respecto al hecho acontecido el pasado 10 de agosto que tiene como único imputado a Alejandro “el torito” González. La defensa solicitó su libertad y subsidiariamente presentaciones semanales ante la autoridad judicial; en tanto que el fiscal se mantenga la medida de coerción de 15 días dictada por el juez natural de la causa.
El tribunal de revisión estuvo compuesto por José Rago y Jorge Odorisio, jueces penales; Héctor Iturrioz, fiscal general, actuó en representación del Ministerio Público Fiscal; en tanto que la defensa del imputado fue ejercida por Vanesa Vera, abogada de la Defensa Pública.
En un primer momento la defensora solicitó al tribunal la revisión de la medida de coerción que le impuso a González el juez Juárez, el pasado 11 de agosto, en la audiencia de control de detención y apertura en base al delito de “robo agravado por el uso de arma blanca, en grado de tentativa”. No comparte los fundamentos de dicha resolución cuando se refiere al “riesgo de comisión de nuevos delitos se encuentra latente”. Estamos ante un Derecho Penal de autor y no de acto y esto contradice los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Es necesario, expresó Vera, evaluar en cada caso concreto los riesgos procesales a fin de cautelar el proceso, la aplicación de la ley penal y la averiguación de la verdad. “La prisión preventiva no debe ser fijada por la alarma social, ya que viola el estado de inocencia”. Aseguró que González se someterá a proceso y que no hay necesidad de una medida de última ratio. El peligro de entorpecimiento se podía alejar con una prohibición de acercamiento. Decir que la pena en expectativa será de cumplimiento efectivo desvirtúa el principio de inocencia, sería una pena anticipada, concluyó la defensora. Solicitando por todo ello su libertad y en caso de riesgo procesal, presentaciones semanales ante la Oficina Judicial.
En contraposición el fiscal solicitó se mantenga la decisión del juez natural de la causa, Juárez, por estar fundada en derecho. Ello “no implica llevar el status de derecho penal de autor. Hay que tener en cuenta las condiciones particulares del sujeto activo del delito”. No se pude obviar que González está en libertad condicional desde noviembre del año pasado. Y desde esa fecha se ha visto involucrado en tres nuevos delitos contra la propiedad. Conoce que ante una falta sufrirá pérdida de su libertad. Mencionó asimismo Iturrioz la gravedad del hecho por la persecución de González a la víctima esgrimiendo un arma blanca, para lograr su impunidad. “El riesgo de comisión de nuevos delitos, Juárez lo usó porque es ley vigente”, caso contrario se debe declarar su inconstitucionalidad, sostuvo el fiscal. Recordando que el imputado se vio involucrado en nuevos hechos estando bajo el régimen de libertad condicional. Requiriendo al tribunal se mantenga la medida de coerción que dictara Juárez, de 15 días de prisión preventiva, en la audiencia de control y apertura.
Finalmente el tribunal resolvió por unanimidad mantener la medida de coerción que pesa sobre González, de 15 días de prisión preventiva, como fuera dictada por el juez natural de la causa. Argumentando que dicha medida de coerción durante el proceso está legitimada en al ámbito Constitucional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. La medida restrictiva “debe guardar proporcionalidad y temporalidad, no debe extenderse más allá de un tiempo razonable”, sostuvieron. En tanto que el presente hecho revistió de una gravedad importante, la medida dictada guarda razonabilidad. La medida restrictiva se ajusta a estas pautas. No se está ante la aplicación de un derecho penal de autor sino que se ajusta a la conducta objetiva de González, ya que se ha visto involucrado en nuevos hechos, concluyeron.
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