Audiencia de incidentes por estafa a estancia La Nicolasa
En la mañana del lunes se desarrolló en sede de los tribunales penales ordinarios del barrio Roca la audiencia de incidentes solicitada por la defensa en relación a un hecho acaecido entre mayo de 2010 y abril de 2012, que tiene como imputada a Paulina Sánchez. Al concluir el acto se resolvió la suspensión de juicio a prueba para la imputada por el término de un año.
Presidió el acto Miguel Caviglia, juez penal, por el Ministerio Público Fiscal asistió Stella Maris Prada, funcionaria de fiscalía, la querella particular ejercida por Guillermo Iglesias; en tanto que la defensa particular de la imputada fue ejercida por Miguel Criado.
En un primer momento el defensor solicitó la suspensión de juicio a prueba para Sánchez ofreciendo una reparación económica a pagar en cuotas, por la situación de desocupada de su representada. Entendiendo que la reparación económica ofrecida debe estar en las posibilidades de hacerlo efectiva.
Seguidamente el querellante se refirió a la solicitud de la defensa de la suspensión del proceso por dos años, con dos presentaciones ante el Cuerpo de Delegados de Control y fijación de domicilio. Reconociendo que se reúnen las condiciones de admisibilidad, “desde el punto de vista objetivo”, ya que la condena en caso de recaer, será de cumplimiento en suspenso. Consideró como un déficit la oferta de reparación, con un monto exiguo. Concluyendo que la reparación ofrecida “no se equilibra con el monto reclamado”, por ello solicitó sea rechazada y se opuso.
En tercer lugar la funcionaria de fiscalía argumentó que se dan los elementos objetivos para arribar a una solución alternativa del conflicto como la suspensión de juicio a prueba. Por ello corresponde que se haga lugar, ya que la cuestión del monto económico deberá ser debatido en otro fuero, el civil. Finalmente solicitó se haga lugar a la suspensión del proceso por el término de dos años, con presentaciones cada seis meses ante el Cuerpo de Delegados de Control.
Finalmente el juez penal resolvió que estaban dados los requisitos establecidos en la ley para la aplicación del instituto de suspensión de juicio a prueba. Haciendo lugar al mismo por el término de un año, como solicitara la defensa, con presentaciones semestrales ante el Cuerpo de Delegados de Control. Deberá mantener su domicilio y al finalizar el tiempo de prueba se resolverá su situación. No podrá volver a cometer otro delito, y al no aceptar el damnificado la reparación económica ofrecida, queda abierta la vía civil.
El hecho ventilado en la audiencia de suspensión aconteció entre agosto de 2007 y diciembre de 2011, cuando Paulina Gladys Sánchez fue contratada para llevar a cabo las tareas administrativas de registración y procesamiento de la información contable de la sociedad de hecho denominada “Sucesores de Ramón Lorenzo S.H.”, constituida sobre el condominio de un establecimiento ganadero ubicado en la zona de Lago Blanco, provincia de Chubut, que gira en plaza bajo la denominación de fantasía “La Nicolasa”. Cuyos titulares son los señores Cristóbal Manuel López, Muriel Sosa, Juan Castellanos, Miguel Ortego, Raúl Fernández y la persona jurídica Lago Blanco S.A., de la cual el primero de los nombrados resulta ser único administrador. Dentro de las tareas asignadas a la imputada, Paulina Sánchez, se encontraba la de atender los trámites bancarios correspondientes a una cuenta corriente de Banco Patagonia de titularidad de Sucesores de Ramón Lorenzo, estando autorizada a tener en su poder las correspondientes chequeras, pero siendo la única persona habilitada para emitirlos el administrador de la sociedad. Los trámites bancarios que realizaba Paulina Gladys Sánchez entre otros era la extracción y depósito de dinero y/o cheques, la consulta de saldos, etc., de manera que era conocida por el personal bancario. Abusando de la confianza dispensada por López y en conocimiento del movimiento económico de la sociedad y los saldos bancarios existentes, la imputada efectuó entre el 26 de mayo de 2010 y el 15 de abril de 2012 el libramiento de cincuenta y seis cheques sobre la cuenta corriente de mención, que confeccionó de su puño y letra, falsificando y/o haciendo falsificar la firma de López, y luego cobró en algunos casos directamente por sí y en otros a través de interpósitas personas, siendo estas su padre y su pareja, apoderándose de una suma de alrededor de $800.000 de la sociedad que jamás fue reintegrado, ni fue afectado a ninguno de sus fines propios.
