Audiencia de control de detención y formalización por extorsión

Así resolvió el juez penal, por solicitud de la funcionaria de fiscalía, al concluir la audiencia realizada pasado el mediodía del miércoles en sede de los tribunales penales ordinarios del barrio Roca. Al concluir el acto se estableció la legalidad de la detención, se le formalizó la apertura de investigación preparatoria contra Cristian Olivera Iriarte por el delito de extorsión y se estableció el plazo de seis meses a la fiscalía para concluir con la investigación.

El evento fue presidido por José Rago, juez penal; por el Ministerio Público fiscal asistió Camila Banfi, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa del imputado estuvo a cargo de Fernando Serer, defensor público.

En un primer momento la funcionaria se refirió sucintamente al hecho a investigar cuando siendo el 7 de junio pasado, el imputado se le acerca a la víctima en un supermercado y le manifiesta ser otra persona, Daniel Vega. La víctima lo había visto a bordo de un móvil Municipal. Olivera Iriarte le reclama abonar un canon con el objeto de lograr la impunidad de la ley y evitar la clausura del departamento VIP, enumerándole otros que ya habían sido clausurados. La víctima hizo la denuncia policial y grabó la conversación que tuvo con Olivera Iriarte. Luego el imputado es detenido cuando salía del domicilio de la víctima con el dinero recaudado, con la denuncia se había hecho el registro de los billetes a entregar. Calificando provisoriamente el hecho como “extorsión en concurso real con abuso de autoridad”, (aclarando el Ministerio Público Fiscal que el Código Penal no hace distinción entre actividades lícitas o ilícitas) en calidad de autor, para Olivera Iriarte.

En contraposición la defensa objetó la calificación legal elegida, calificándola como desproporcionada al hecho. También le llamó la atención la actividad del denunciante ya que se necesita habilitación para ejercer dicha actividad, sostuvo. Proponiendo el cambio de calificación por figuras menos graves como: exacciones ilegales, o bien por cohecho.

Luego la funcionaria de fiscalía, Camila Banfi, solicitó se declare legal la detención de Olivera Iriarte ya que la misma fue realizada en flagrancia. Solicitando también la prisión preventiva del imputado en base a los elementos de convicción suficientes para tenerlo como probable autor del hecho. También solicitó la medida de coerción en base a los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Seguidamente le defensor se opuso a la solicitud de prisión preventiva ya que la misma tiene como único fundamento la calificación legal y no se ha fundado con suficiencia el peligro de fuga. Su defendido cuenta con trabajo estable y domicilio, arraigo y no puede haber peligro de entorpecimiento cuando la investigación está casi finalizada, adujo. Solicitando su libertad y subsidiariamente medidas sustitutivas a esta, como la obligación de presentarse ante la autoridad que se disponga.

Para concluir el juez penal estableció la apertura de investigación preparatoria del caso, dando por anoticiado al imputado del hecho y la calificación legal que se le imputa y por asegurada su defensa técnica. Estableciendo el plazo de un mes de prisión preventiva en base a la gravedad del hecho, los peligros de fuga y entorpecimiento de la investigación; como asimismo el plazo de ley, seis meses, para concluir con la investigación.