La fiscal María Bottini junto al funcionario Martin Robertson, realizaron declaraciones periodísticas dando cuenta de la continuidad de la investigación en torno al incendio que consumiera las instalaciones de la confitería La Piedra en el centro de esquí La Hoya. Explicaron que hasta el momento, las numerosas diligencias realizadas no arrojaron información de peso que permita determinar algún posible autor.

Bottini desmintió los trascendidos que indican que la investigación se encuentra archivada, “no se decidió el archivo ni se tomó aun la determinación de producir alguna imputación porque no hay elementos suficientes hasta el momento para arrimar al proceso penal a alguna persona”, sostuvo.

La investigación fue iniciada por Fernanda Révori, cuando aún era fiscal, al tomar conocimiento de la existencia del siniestro. Cuando la magistrada asumió como juez penal, continuó Marcelo Cretón y desde hace algunos meses, se encuentra a cargo de la misma la fiscal María Bottini.

El trabajo investigativo se mantiene incesante. Aun se están realizando tareas investigativas en distintas líneas de investigación. “Lo cierto es que no hemos llegado, ni tenemos certeza de si alcanzaremos el grado de sospecha necesario para hacer una apertura formal de investigación, pero todavía estamos trabajando en el caso”, señaló Bottini.

Bottini indicó que en el caso intervino un único perito ígneo que concluyó en que el incendio sería intencional. No se descarta dar intervención a otro especialista que confirme la hipótesis o añada otro punto de vista a las evidencias colectadas.

Qué dificulta la investigación

Robertson enumeró algunos de los condicionantes que complejizan la investigación. “Lo inaccesible del lugar, el horario en el que ocurrió, la ausencia de testigos presenciales del hecho, así como la falta de cámaras de seguridad…”

Si no lograra determinarse un posible autor o autores con las medidas pendientes, podría disponerse el archivo provisorio del legajo fiscal. Los archivos son siempre provisorios ya que un nuevo testigo, un nuevo dato o un nuevo método de investigación científica podrían permitir desarchivar para producir otra evidencia. El límite temporal lo establece el plazo de prescripción del delito que se investiga. En este caso sería de diez años.