El fiscal, Fidel González y la procuradora de fiscalía, Cecilia Bagnato, repasaron los testimonios vertidos a lo largo del juicio y la normativa vigente y requirieron al tribunal que declare penalmente responsables a los tres imputados del delito de violación de los deberes de funcionario público. Los defensores cuestionaron la prueba de la Fiscalía, esgrimieron que las conductas probadas no configuran delito e incluso uno de ellos planteó que su defendido fue sancionado en el contexto de un sumario administrativo y no puede volver a ser sancionado por los mismos hechos. El miércoles se conocerá el veredicto del tribunal mixto conformado por tres jueces técnicos y dos populares.

La Fiscalía plantea que los tres imputados tenían la obligación de cuidar a los adolescentes alojados en el hogar, debían protegerlos y no lo hicieron. La acusación señala varias situaciones reprochables. Una de ellas fue no abrirle la puerta, impidiéndole entrar a la institución, a uno de los adolescentes del Hogar cuando una noche llegó tarde al volver en micro desde Epuyén. El colectivo se había demorado por las condiciones climáticas. Como no pudo ingresar, llamó a un amigo y este pasó a buscarlo con su padre, ellos le dieron cobijo esa noche.

Otro de los hechos acusados está documentado en un video, cuando uno de los imputado toma por el cuello, ofuscado, a uno de los chicos. También se expusieron situaciones en que los chicos eran golpeados con un repasador o un trapo de piso. Uno de ellos relató que empezaba como un juego y que en cierto momento empezaban a golpearlo con más fuerza, que ya no seguían jugando. Sin embargo, el tono de estos relatos evidencia una naturalización de la violencia, de acuerdo a la interpretación de la psicóloga forense. Esa naturalización reaparece en otro de los relatos. Uno de los adolescentes contó que en una ocasión el preceptor insistió en que “la corten” porque estaban jugando. Llevó un palo de escoba y con él “nos pegó a los dos… no fue muy fuerte”. No fue el único que habló de estos golpes. Lo hizo también otro de los chicos. Dijo que el imputado le pegó con un palo de escoba en la cabeza y en la pierna, también a un compañero y que un tercero llamó a la policía.

Los malos tratos denunciados incluían situaciones como patearles la cama en las mañanas, hablarles mal, sacarles las sábanas y decirles vagos de mierda, mugrientos.

Los acusadores plantearon que la victimización de manera sostenida hace que se pierdan precisiones o referencias temporales.

Miguel Contreras por la Asesoría, realizó un recorrido histórico de la legislación en torno a las instituciones de niños y adolescentes con derechos vulnerados. Habló del cambio de paradigma desde la institucionalización indiscriminada a la modalidad tutelar. El Hogar de Adolescentes Varones está pensado como un ámbito de contención, al que le es exigible una tarea de cuidado y mayor que a cualquier familia, porque está para contener a adolescentes que llegan con todos sus derechos vulnerados. Desde esta perspectiva analizó lo que es exigible a los funcionarios que se desempeñan en él. Indicó que ellos “son el Estado”, son justamente los representantes de el Estado que deben poner en práctica la restitución de derechos a quienes se alojan en el hogar.

Las defensas plantean que algunas de las situaciones acusadas son mentiras, también relativizaron  los malos tratos, pidiendo un acto de sinceridad respecto de como manejan los conflictos al criar a un niño o un adolescente. Plantearon que la prueba de la Fiscalía es insuficiente y que hay imprecisiones que impiden el ejercicio pleno de la defensa.

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