Dos jóvenes cumplen prisión preventiva desde hace un mes, cuando fueron aprehendidos en ocasión de un robo a una vivienda de Esquel. Este martes el fiscal Ezequiel Forti solicitó la continuidad de la medida respecto de uno, en tanto que sostuvo que el segundo se encuentra en una situación procesal diferente y a su respecto se analiza una salida alternativa. En menos de un mes la Fiscalía podría presentar la acusación pública.
La audiencia realizada por el sistema Webex Meet fue organizada por la Oficina Judicial y dirigida por el juez Jorge Criado. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Ezequiel Forti y los imputados con la defensa de Valeria Ponce, defensora pública.
Forti expuso la situación diferenciada de cada uno de los involucrados en la investigación. Uno de ellos no cuenta con antecedentes penales ni salidas alternativas previas. Esta situación llevó al fiscal a diferenciar su situación procesal y entender que los peligros procesales pueden ser morigerados con medidas alternativas a la prisión preventiva. Requirió que realice una presentación semanal en la comisaría más próxima a su domicilio y la prohibición de contacto por cualquier medio con las víctimas.
Muy distinta es la situación de su consorte de causa. El segundo de los imputados tiene antecedentes penales, salidas alternativas e incumplimientos a las medidas dispuestas. Forti señaló que no hay chance de imponer a su respecto ninguna medida que dependa de su voluntad de someterse al proceso porque ya evidenció que no es confiable. Luego de detallar los fundamentos del pedido, requirió la continuidad del encierro preventivo por otros treinta días, plazo en el que la Fiscalía estaría en condiciones de concluir la investigación.
La defensora Valeria Ponce se opuso a la continuidad de la prisión preventiva, señaló que el incumplimiento al aislamiento social preventivo y obligatorio ya fue tenida en cuenta al inicio del proceso y que el mes de encierro preventivo debe ser tenido como advertencia suficiente. Añadió que a través de la Policía Comunitaria contactó al padre del imputado en su domicilio y verificó que están dadas las condiciones para que, si el juez considerara que no corresponde darle la libertad, cumpla arresto domiciliario allí. Sostuvo además, que su defendido tiene problemas con el consumo de alcohol, que por razones ajenas a su voluntad no pudo concluir un tratamiento y que esta situación tiene que jugar a su favor como un morigerador de la responsabilidad penal. También se refirió a los elementos de prueba en relación al hecho, sostuvo que los faltantes de la vivienda no les fueron encontrados a sus defendidos, siendo que fueron aprehendidos en el lugar, lo que indicaría que no fueron los autores del robo.
El juez Jorge Criado resolvió considerando que no está en discusión la participación de ambos imputados en el hecho investigado y el compromiso de la Fiscalía de presentar la acusación en menos de un mes. Coincidió con el fiscal en la existencia de los peligros procesales y la imposibilidad de morigerarlos con una medida menos gravosa que la prisión preventiva, respecto del imputado que "no tiene posibilidad de un nuevo voto de confianza" por tratarse de "una persona que con todas las posibilidades que se le brindó en otros procesos, vuelve a ser vinculada, en flagrancia, a un hecho delictivo". Añadió que el arraigo no es sustancial ante la conducta procesal evidenciada en otros procesos. "La sola presentación o el no contacto con la víctima no es suficiente para neutralizar el entorpecimiento, ni la permanencia en el domicilio cautela el peligro de fuga", precisó. Con este análisis el juez dispuso la continuidad de la prisión preventiva por otros treinta días para el imputado que venía cumpliéndola en Comisaría Primera, en tanto que respecto del otro ordenó que sea trasladado a su domicilio, deberá presentarse una vez por semana en la Comisaría Segunda y tiene prohibido tomar contacto por cualquier medio con la víctima. "Le reitero que no puede salir de ese domicilio por la situación de pandemia actual, al menos hasta el 24 de mayo debe permanecer", el magistrado le recordó que no puede desconocer la reglamentación del DNU y que cualquier desobediencia implica a ese respecto, un delito federal.
El hecho
El domingo 12 de abril, aproximadamente a las 15:45 hs, los imputados habría forzado la puerta de ingreso a una vivienda ubicada en avenida Irigoyen al 1000, por la que accedieron al interior de la morada. Según pudo verificarse sustrajeron un televisor LED de 50 pulgadas y una importante suma en moneda extranjera, en el lugar tenían varios objetos preparados para llevárselos.
