Los Consejos de Política Criminal y de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, emitieron una declaración en relación a la situación planteada en la provincia de Chubut con el pago de haberes.

Mencionaron la Convención Interamericana contra la Corrupción aprobada en el marco de la Organización de los Estados Americanos, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de Palermo (ONU) contra el Crimen Organizado, ponen especial énfasis en garantizar la independencia y seguridad de los/las integrantes de los poderes judiciales y ministerios públicos como obligaciones de los estados parte.

En consecuencia, se trata de una obligación esencial de los estados garantizar que los/las fiscales e integrantes del Ministerio Público puedan desempeñar sus funciones, tanto en materia de investigación como en sostener los procesos judiciales, dotados de los elementos relativos a la independencia funcional, que están vinculados a la seguridad laboral, económica, personal y familiar, aspectos que garantizan tanto la independencia como la tranquilidad básica en el ejercicio funcional. El aspecto salarial es claramente esencial para el cumplimiento de los mandatos impuestos por las convenciones antes mencionadas y la omisión en el pago sumada a la incertidumbre antes apuntada importan un claro incumplimiento de las obligaciones convencionales expuestas y pone en riesgo el normal funcionamiento del Ministerio Público, con graves consecuencias para el servicio de Justicia.

El pronunciamiento lleva las firmas de Mario Bongianino, Presidente del Consejo de Procuradores, Asesores Generales de la República Argentina y de Luis Cevasco, Presidente del Consejo Federal de Política Criminal.