El pasado viernes 12 de febrero, familiares y amigos de Rodrigo Colihuinca hicieron un reclamo frente a la casa particular del Fiscal de Trelew, el Dr. Arnaldo Ramón Maza.

Cuando se producen demoras en la investigación de una causa, de por sí compleja, es entendible que sobrevenga una merma en la confianza en las instituciones. Pero es importante que las críticas y los reclamos se conduzcan por las vías institucionales previstas en la Constitución y en las Leyes.

Desde la Procuración General se brindan directivas permanentes para que en las Oficinas Fiscales se informe a las víctimas sobre el avance de los casos y las alternativas que presentan. Muchas veces desearíamos manejar variables más alentadoras pero la realidad prevalece, por dura que pueda resultar.

Lo concreto es que en este caso en particular, en el que he puesto especial atención en reiteradas ocasiones, el Fiscal que dirige los procedimientos continúa haciendo los esfuerzos posibles para el esclarecimiento del hecho. Se está al aguardo de resultados de pericias que podrían arrojar nuevos indicios sobre los que trabajar. La causa no está paralizada ni la investigación suspendida, circunstancia que ha sido puesta en conocimiento de las víctimas.

Si fuera de interés, se destaca que el Dr. Maza no tiene responsabilidad funcional actual alguna en el caso. Pero sobre todo, la vía elegida por los reclamantes no sólo resulta ineficaz a los fines que pretende, sino que perturba e invade el hogar y la vida familiar del funcionario, involucrando a personas absolutamente ajenas a la cuestión.

La Constitución del Chubut y legislación procesal penal brindan a las víctimas varias alternativas de cooperación y control sobre la actividad jurisdiccional. Como dije, es importante que profundicen esas variantes. Acudir con pancartas a los domicilios particulares de magistrados y funcionarios judiciales en nada ayudará a que el caso se resuelva.