Así lo acordaron con el ministro Alak
Miquelarena y otros cinco procuradores expondrán en el senado sobre el código de procedimientos penales
En el marco del debate de la reforma del código procesal penal impulsado por la presidente Cristina Fernández de Kirchner, el procurador general del Chubut Jorge Miquelarena junto a otros cinco procuradores provinciales expondrán el próximo jueves en el senado de la Nación sobre sus respectivas experiencias en su aplicación. Así fue resuelto el jueves pasado en un encuentro de procuradores y defensores de toda la Argentina con el ministro de justicia de la Nación Julio Alak.
En Chubut el sistema adversarial se aplica desde el año 2006 y pone en cabeza de los fiscales la marcha de la investigación penal tendiente además a su agilidad poniendo en manos de los jueces la supervisión del procedimiento investigativo.
En el encuentro los representantes del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal respaldaron ese punto propuesto en el proyecto de reforma del Código Procesal Penal.
Tras la reunión Alak y los representantes de los ministerios públicos provinciales anunciaron, además, que el jueves próximo se presentarán en el Senado para participar de la reunión de la comisión de Legislación Penal, que analiza el proyecto del Ejecutivo.
Allí expondrán las distintas experiencias recogidas en cada una de las jurisdicciones en las que ya rige el régimen acusatorio.
La comisión dispuesta al respecto estará integrada por el fiscal general de San Juan, Eduardo Quattropani, el procurador general del Chubut Jorge Miquelarena, Jorge Canteros de la provincia del Chaco, de Buenos Aires María del Carmen Falbo, de Salta Pablo Viñals y de Neuquén Jorge Gerez.
Alak: “el actual proceso es lento”
Durante el encuentro, Alak subrayó que “el actual proceso inquisitivo es lento y dificulta las investigaciones conjuntas dentro del país, porque a nivel federal investiga el juez y en las provincias lo hacen los fiscales, igual que en el resto del mundo”.
Alak también enfatizó que “el nuevo sistema acortará los procesos penales de un promedio de cuatro años a sólo seis meses” y destacó que “la condena tiene que llegar en tiempo oportuno para que la víctima y toda la sociedad sientan que el Estado les da una respuesta efectiva ante el delito”.
Los representantes de los organismos que nuclean a los fiscales, asesores generales y procuradores de todo el país destacaron la propuesta oficial de trasladar la función de investigación a los fiscales, al tiempo que los jueces mantienen el poder de decisión sobre todas las resoluciones judiciales, tales como imputaciones, procesamientos, prisiones preventivas, elevaciones a juicio y, por supuesto, la determinación de inocencia o culpabilidad de los acusados.
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