Que opinión le merece la nota del diario Jornada con la opinión del consejero Palacios sobre los fiscales de Comodoro?
El informe del Consejero Palacios cobro estado público con su publicación en el diario Jornada. Sin embargo la Procuración general tenía conocimiento del mismo a partir la comunicación cursada por el Presidente del Consejo de la Magistratura, que fue acompañada con una copia del informe. Inmediatamente la Procuración accionó los mecanismos para verificar los procesos de trabajo de la Oficina Única del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia ordenando ala Fiscal Jefe el control y adecuación de los actos a las directivas existentes. En relación al tema puntual que plantea el informe los procesos de trabajo están claramente regulados por Instrucciones impartidas desde esta Procuración General en el año 2008, es decir al inicio de nuestra gestión. Estas directivas fijan como política de persecución criminal los criterios a seguir en caso de detenciones en flagrancia, mandando a los fiscales a manifestar su interés en la detención, requerir la audiencia respectiva de control y, en la misma audiencia sin dilaciones innecesarias, los fiscales deben abrir la investigación del caso. Esto se completa con la reciente Instrucción N° 005/013, que instruye a los fiscales a adoptar criterios razonables en cuanto a la extensión del período de investigación preliminar.
Hay lugar para detenidos?
Comodoro en particular es una ciudad donde la demanda del servicio ha superado todas las estructuras existentes. Sin embargo no alcanza con pensar solo en ampliar los espacios físicos sino en un sistema de ejecución de pena que cumpla con la legislación existente, que incluya funcionarios entrenados para el tratamiento de los reclusos, profesionales que evalúen los avances del tratamiento que el estado debe dar a los reclusos y jueces de ejecución que controlen y administren los beneficios conforme a los avances registrados.
Existe un discurso garantista?
No diría un discurso garantista pero si admito que en los últimos tiempos tuvo mayor amplificación un discurso pro-imputado en desmedro de una visión equilibrada que contemple el derecho de las víctimas a una respuesta institucional adecuada. Las causas del delito son multifactoriales, entre otros hay factores sociales y factores individuales que sin dudas están en el origen de una conducta delictiva. Los discursos pro-imputado ponen el foco casi exclusivamente en factores sociales para justificar la conducta del autor licuando la responsabilidad individual. Se pierde de vista que cada ciudadano es libre de elegir entre una conducta adecuada a la norma o decidir infringirla. Cuando libremente se hace opción por un camino reprobado por la ley tiene que ser sancionado por el Estado para mantener y asegurar la paz social. Por supuesto que la sanción estatal debe ser el resultado de un proceso ajustado a derecho, respetuoso de las garantías del imputado.
Que opina respecto de la baja en la edad de imputabilidad a menores?
No soy partidario de reformas aisladas con las que se pretenden resolver cuestiones coyunturales. Lo que sí es insoslayable es que la Argentina está en deuda, incluso incumpliendo compromisos internacionales, en cuanto a su mora en sancionar el Código de Responsabilidad Juvenil. Éste régimen propiciaría una solución integral para todos aquellos casos en que una niña, niño o adolescente, cometa una conducta ilícita o infrinja la Ley penal. En ese contexto la respuesta punitiva del Estado debe ser acorde al grado de desarrollo o madurativo de la persona.
Que opina sobre la democratización de la justicia?
Es destacable la tarea realizada en la provincia del Chubut que lleva tiempo adoptando medidas en esa dirección. Una de ellas es la creación del Consejo de la Magistratura, con un fuerte componente de ciudadanos, que significo un paso importante en cuanto a la participación ciudadana en la administración de justicia. Otro aspecto importante es la implementación del juicio por jurados. Éste instituto actualmente está previsto para el juzgamiento de delitos cometidos por funcionarios públicos -tribunales escabinados- y para delitos graves. La implementación de juicios por jurados culminaría el proceso de reforma iniciado en la provincia en dirección a consolidar el sistema penal acusatorio.
Cabe señalar, también, que se han dado grandes pasos en materia de publicidad de los actos, tanto en la judicatura como en el Ministerio Público Fiscal, especialmente con el uso de las nuevas tecnología de la información lo que contribuye a la transparencia de la gestión pública y posibilita el control ciudadano del servicio de justicia.
