El martes en horas del mediodía se desarrolló en sede de la Procuración General Adjunta un encuentro entre el Procurador Adjunto, Fiscales y Jefes policiales en donde se abordó, entre otros, el tema de la falta de lugares de detención en nuestra localidad. En lo que va del mes hubo varias presentaciones de “habeas corpus” de la defensa sobre las condiciones de las personas detenidas. En ellas denuncian que los lugares de detención no reúnen los requerimientos mínimos establecidos enla Ley. La Fiscalía se opuso a la soltura de los detenidos ya que en todos los casos existen fundadas razones para mantenerlos con medidas de coerción.
Cabe mencionar que nuestra Constitución Provincial prevé que los lugares de detención deberán ser “seguros, sanos, limpios” y constituir “centros de recuperación y trabajo, en los que no puede privarse al individuo de la satisfacción de sus necesidades naturales y culturales” (art. 51 C.P.CH.). En tanto que nuestra máxima Ley Nacional establece que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de sus reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice” (art. 18 C.N.).
La creación y funcionamiento de los lugares de detención es resorte del Poder administrador, es decir el Poder Ejecutivo provincial. En el estado actual de situación los jueces se encuentran, en más de una oportunidad, frente a la necesidad de tomar decisiones que incumplirán con alguna manda legal: es decir mantener a los detenidos en condiciones pauperizadas o imponerles medidas de restricción diferentes, poniendo en riesgo su sometimiento a la justicia.
Participaron del encuentro de trabajo Emilio Porras Hernández, Procurador General Adjunto; Marcelo Cretton, Fiscal Jefe; los Fiscales generales: Adrián Cabral, Juan Carlos Caperochipi, Mónica García y Camila Banfi; Viviana Fernández, secretaria de la Procuración Adjunta; José de la Cruz Castillo, Comisario Mayor a cargo de la Unidad Regional de Policía y Ricardo Cerdá, Comisario Inspector responsable de la Brigada de Investigaciones local.
La última presentación data de fecha 28 de abril del presente año, por parte del Ministerio Público de la Defensa en donde pone en conocimiento al Juez de ejecución sobre las malas condiciones en que se encuentran los internos de la seccional quinta de policía. De dicha presentación se corrió traslado a la Fiscalía la cual se pronunció “que atento a la situación reinante este Ministerio Público Fiscal considera que la mencionada Seccional no puede albergar mas internos dada la situación de hacinamiento y deficientes condiciones de habitabilidad y sanitarias que padecen los actuales internos. Por otra parte los condenados podrían ser derivados – siempre que el cupo lo permita - a la alcaidía policial local, a la U14 de la ciudad de Esquel, o bien a la U6 de Rawson”.
En el mismo sentido, a principios del mes de octubre del año pasado se realizó una audiencia pública respecto a un recurso de “habeas corpus” correctivo en relación a las condiciones de superpoblación y estado de lugares de detención en dependencias policiales de Comodoro Rivadavia. En el acto se encontraban presentes, además del juez, el fiscal y las defensoras, Rodrigo García Palumbo, director General de “Políticas Penitenciarias y Reinserción Social”, dependiente la “Secretaría de Seguridad y Justicia de la provincia del Chubut” (hoy Ministerio) quién se comprometió a solucionar la situación. (Ver nota, imágenes y video: click aquí).
