El plazo de investigación será de un año

APERTURA DE INVESTIGACION POR PRESUNTAS ESTAFAS EN LA VENTA Y ADMINISTRACIÓN DE TERRENOS

El día lunes a la mañana en los tribunales locales y ante una importante presencia de público, el juez penal Hernán Granda dictó la apertura de investigación por la presunta comisión de los delitos de “estafa, administración infiel, hurto de energía eléctrica, robo de agua potable y uso de documentos falsos en concurso real con estafa”. Todo ello en perjuicio de los compradores del loteo ubicado sobre la ruta N° 4 y de las empresas Servicoop, Intersar y Áridos del Sur.

El imputado es Jorge Almirall, el apoderado de la empresa que proyecta, dirige, financia y garantiza el proyecto de urbanización del loteo ubicado en la zona norte de la ciudad, en los cuales los servicios se agua y electricidad se brindarían a través de conexiones clandestinas; los boletos de compra venta no estarían escriturados e inducían a error a los compradores y también existirían firmas falsificadas para obtener la regularización municipal de los inmuebles, entre otras irregularidades que se investigan.

Durante la audiencia, en la cual se encontraban presentes parte de los denunciantes acompañados por los abogados particulares Emilio Cacciavilani y Claudio Poblete Fuentes; la Fiscalía solicitó el plazo de investigación por un año afirmando que es una causa compleja, en la cual se vendieron más de 600 lotes y la cantidad de victimas y delitos imputados es amplia. “Se debe analizar toda la documentación desde el año 2006 a la fecha, y se deben realizar pericias contables, caligráficas, etc.” indicó la Fiscal Marcela Pérez durante la audiencia.

Por su parte, los abogados particulares del imputado, Carlos del Mármol y Félix Alberdi, no presentaron objeción en cuanto al plazo de investigación y afirmaron que su defendido “no incurrió en ninguno de los ilícitos”. A su vez, el imputado no declaró pero afirmó que “hay muchísima documentación para aportar y es importante ordenarla” y de esta forma solicitarían una “audiencia para prestar declaración y presentar documentación”.

Finalmente, el juez Hernán Granda dictó la apertura formal de la causa y afirmó que el plazo de investigación se encuentra justificado en cuanto a la pluralidad de personas que serían presuntas victimas y la cantidad de pericias que surgirán, determinando que se trate de un caso complejo. Cumplido dicho plazo, la fiscalía deberá presentar y fundar una probable acusación para someter al imputado a juicio oral y público.

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LA CAUSA INVESTIGADA

En el años 2006, Jorge Almirall comenzó con la comercialización de los lotes en el emprendimiento ubicado sobre la Ruta Provincial N° 4 de Puerto Madryn, ofreciendo un barrio cerrado de quintas productivas y brindando la posibilidad de poseer una vivienda tipo quinta, con todos los servicios incluidos (agua, luz, gas). Además indicaba que los compradores también podrían ser parte de un emprendimiento productivo de venta de avellanos que serian vendidos a una empresa multinacional e informando que dichos árboles serían regados con agua de reuso. De esta forma y una vez realizada la venta, las operación se efectuaba a través de un boleto de compra venta donde en una de sus cláusulas exigía a los compradores ser parte de un emprendimiento productivo donde se refería indistintamente a “Unidades Funcionales”, “Consorcio de Productores de Avellanos”, “Club de Campo”, “Fideicomiso”, etc. Pero por tratarse de diferentes forma jurídicas de ser copropietario, indujo a error a los adquirentes sobre que era realmente lo que estaban adquiriendo y a que titulo. Posteriormente algunos compradores realizan escritura del lote comprado, donde surgía la venta de solamente de un lote o parcela.

IRREGULARIDADES

También a partir de la adquisición de los lotes, los propietarios comenzaban a realizar pagos al consorcio en calidad de “gastos y servicios . Pero estos gastos llamaron poderosamente la atención a los investigadores, entre otros, la indicación de facturación del Servicio de Agua Potable y Agua de Reuso, siendo que el agua de reuso no es cobrada por la Municipalidad, y que el agua potable y la energía eléctrica no son provistas por las empresas habilitadas para su distribución, sino que se realizaron mediante conexiones irregulares y no autorizadas.

Asimismo, existirían irregularidades con los certificados de amojonamiento supuestamente firmados por el Agrimensor Ernesto Osvaldo Coppola Amadeo ya que las mismas serían apócrifas o falsificadas con el objeto de obtener la regularización municipal de los inmuebles, indicaron los fiscales, ya que el Agrimensor Copola falleció en febrero de 2010 y desde  diciembre del año 2008 había dejado de trabajar. Además, estos certificados eran cobrados por el imputado Almirall a los propietarios por un monto superior al habitual.