Mario Roberto C., imputado por abuso sexual agravado, deberá continuar su régimen de detención en prisión domiciliaria. Las victima lo denunció y las pruebas de ADN dieron positivas en su contra, a pesar de esto y del pedido de la Fiscalía para que continúe detenido con prisión preventiva, el juez determinó que prosiga bajo la modalidad de prisión domiciliaria. El imputado posee como antecedente una condena por un caso similar.

El día martes a la mañana se realizó una audiencia para revisar la situación procesal de Mario Roberto C., la persona que se encontraba detenida con prisión preventiva imputado por el abuso sexual con acceso carnal de una menor de 17 años. De esta forma y por vencerse el plazo de 2 meses de prisión dictado inicialmente, se realizó una audiencia donde la Fiscalía solicitó que el hombre continué detenido con prisión preventiva ya que entendía que siguen vigentes los peligros procesales que llevaron a dictar la medida de coerción inicialmente, sumado a que la prueba de ADN dio positiva y esto aumenta su probabilidad de autoría en el hecho investigado. Esto se debe a que las pericias genéticas determinaron que el ADN del imputado se encuentra en la ropa interior de la menor que realizó la denuncia por abuso sexual. En cambio y también durante la audiencia, la Defensa Pública solicitó la libertad del imputado con prohibición de acercamiento a la victima o en su defecto, el arresto domiciliario.

Específicamente, el funcionario de fiscalía Alex Williams indicó que subsisten los peligros procesales que llevaron a dejar la medida de coerción y la misma debe continuar por los dos meses que faltan para que termine el plazo de investigación. El funcionario fundo su pedido en que “la probabilidad de autoría está dada por el relato de la victima, los testigos, la intervención policial y la pericia genética que encontró restos de ADN del imputado en la ropa interior de la menor. En relación a los peligros procesales, está dado el peligro de fuga por las características del hecho, que tiene una pena en expectativa grave y una condena anterior por abuso sexual de similares características, por lo cual de recaer condena la misma sería de cumplimiento efectivo. Además, la actitud del imputado fue desaprensiva para con la victima y en caso de estar en libertad podría influir sobre la victima menor de edad, que se encuentra en situación de vulnerabilidad, existiendo de esta forma el peligro de entorpecimiento”. Por su parte, la doctora Isabel Martínez de la Asesoría de Menores e Incapaces adhirió a lo manifestado desde el Ministerio Público Fiscal e indicó que desde el Juzgado de Familia se está interviniendo en el caso.

En cambio, la Defensora Pública Maria Angélica Leyba solicito que se deje sin efecto la prisión preventiva y pidió la prohibición absoluta de acercamiento del imputado con la victima y su entorno más una presentación semanal ante la Oficina Judicial para corroborar que el imputado permanezca en la zona. A su vez y subsidiariamente, también solicitó el arresto domiciliario con la autorización para salir a trabajar. La defensora basó su postura porque entiende que el Ministerio Público Fiscal parcializa las circunstancias puestas a consideración y que la niña habría salido voluntariamente y que en su ropa interior habría ADN de otra persona. También refirió sobre el alto grado de vulnerabilidad que presenta la menor en cuento a su situación familiar, social e individual, indicando que estas circunstancias no pueden recaer sobre el imputado. Con respecto al peligro de fuga, la defensora técnica afirmó que relacionar el peligro de fuga por la gravedad del hecho y la pena que se espera en expectativa es una cuestión abstractas porque el imputado tiene arraigo en la ciudad. Respecto a los antecedentes del imputado, alegó que la condena ya fue cumplida. Desde el Ministerio Público Fiscal se replicó que la etapa procesal de la investigación preparatoria tiene que ver con la probabilidad de autoría y que la denuncia de la niña victima lo sindica al imputado. Además, reiteró que la victima ingresó al hospital golpeada, presentando signos de violencia en su rostro y que las pericias de ADN vienen a corroborar lo denunciado por la victima.

Finalmente el juez Horacio Daniel Yangüela resolvió dictar el arresto domiciliario para el imputado por el abuso sexual por 30 días más. El juez entendió, habiendo analizado las argumentaciones de las partes y teniendo por acreditada la probabilidad de materialidad y autoría del imputado, que si bien se daban los peligros de fuga y los peligros de entorpecimiento, los mismos podrían ser aventados con un arresto domiciliario con rondines periódicos por parte de la policía. El magistrado afirmó que se dan los extremos exigidos de peligro de fuga, basados en una conducta determinada con extrema violencia acreditada por las lesiones que presenta la victima como también por la probabilidad de recaer condena de cumplimiento efectivo y que si bien es cierto que cumplió su condena, la misma será tenida en cuenta en los antecedentes penales. Además entendió que el peligro de fuga puede presumirse de encontrarse en libertad y que el peligro de entorpecimiento se encuentra acreditado por la vulnerabilidad de la joven, y que de encontrase en libertad el imputado también podría influir en la joven o en los testigos. Pero a pesar de ello decretó la prisión domiciliaria porque no se dan los extremos exigidos para que la prisión sea cumplimentada en una unidad policial, ya que los peligros procesales pueden ser aventados con un  arresto domiciliario y rondines periódicos por parte de la policía. Además, el juez Horacio Yangüela  indicó que el requerimiento de trabajo será factible, pero con custodia policial. De esta forma, mutará el régimen de detención y el imputado deberá continuar su medida de coerción bajo el arresto domiciliario por 30 días.