Tras un cuarto intermedio, casi cerca del mediodía de este miércoles comenzó su alegato el defensor Lisandro Benítez, defensor del imputado Diego Luters, secretario de Diego Correa en la Unidad Gobernador.

Para Benítez la declaración de Luters fue “veraz y sólida”, y agregó que “los fiscales solo tomaron la parte que les interesó, la que inculpaba a otros imputados, violando la obligación de objetividad que le cabe al Ministerio Público Fiscal”. Concluyó en este aspecto que los fiscales lo hicieron “para así poder seguir apoyando la teoría del caso”.

Luters está imputado de los delitos de ser integrante de una asociación ilícita más de delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y enriquecimiento ilícito.

Para Benítez “no quedó probada la asociación ilícita” –uno de los delitos por los que su cliente está imputado- porque “los fiscales no pudieron probar una de las condiciones para que se produzca este delito, que es el acuerdo previo entre sus integrantes. Nada de esto han dicho los fiscales, más si se tiene en cuenta que cuando ingresó Luters a la Unidad Gobernador, las empresas ya se habían creado”.

Testigos

Para Benítez “muchos de los testigos que trajeron los fiscales mintieron”. Cuestionó también la forma en que los fiscales plantearon su alegato. Solo tuvieron la intención de confundir al Tribunal, generando además indefensión en los imputados. No nos quedó claro de qué nos tenemos que defender”, apuntó. 

El defensor Benitez dijo que Luters ingresó por “el poder absoluto que tenía Diego Correa dentro del Estado provincial. Su incorporación fue ilegal e igualmente se hizo, del Banco del Chubut ad honorem a la Unidad Gobernador. Esto demuestra el poder de Correa que no necesitaba de Luters para las maniobras investigadas”.

También aludió y mencionó nombres de funcionarios públicos que “también cobraron sobresueldos. Y no los veo aquí sentados”, concluyó.

La argumentación de Benitez se prolongó por más de una hora aludiendo a cada uno de los cargos que los fiscales enrostraron a Luters, finalizando con el delito de integrante de una asociación ilícita. En cada caso pidió la absolución para su asistido, además de cuestionar la acusación. 

La defensa de Juan Ramón

El defensor Omar López destaco que los fiscales hicieron afirmaciones sin pruebas y  de manera errónea se apoyaron en las declaraciones de Diego Luters. Consideró como “inaceptable” que tenga más valor lo declarado por Luters en la etapa de la investigación a lo que dijeron el resto de los imputados en el juicio.

López defiende a Juan Ramón que está imputado de los delitos ser miembro de asociación ilícita; en concurso real con defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública

El defensor cuestionó a los fiscales porque en los alegatos se refirieron a pruebas que nunca fueron exhibidas en el juicio. La misma crítica la realizó en función del alegato de la Oficina Anticorrupción pidiendo expresamente al Tribunal que no sean tenidas en cuenta al momento del veredicto.

Calificó como “inadmisibles” e “insólitas” algunas pruebas que tuvieron en cuenta los fiscales para involucrar a Ramón y que “ni siquiera presentan irregularidades administrativas” en cuanto al delito de administración fraudulenta que se le imputa. Con más argumentos pidió la absolución respecto de este cargo.

Al referirse al delito de asociación ilícita, López se basó en argumentos ya esgrimidos por el defensor Fabián Gabalachis. Concluyo en que “no queda clara la acusación de los fiscales y las acusaciones se caen solas, al menos en relación a Ramón”.

El defensor de Daniela Souza

Para el defensor de Daniela Souza “la investigación es inconsistente”. Además Damián D’Antonio dijo que las contrataciones directas por obras con el Estado que realizaban las empresas en las que Daniela Souza tenía algún tipo de responsabilidad “pasaron por todos los controles” aludiendo a declaraciones de algunos testigos convocados por los fiscales.

Para el abogado “estamos frente a irregularidades administrativas al momento de las contrataciones”. Tras varias argumentaciones que demandaron más de una hora de exposición ante el Tribunal, solicitó el sobreseimiento de Daniela Souza en los tres cargos endilgados por los fiscales.

Los argumentos de Godoy

D’antonio también defiende al maestro mayor de obras Jorge Godoy por su responsabilidad en la construcción de la vivienda y los tres departamentos de Correa en Playa Unión considerada una “obra millonaria por parte de los fiscales”. Según el defensor, los fiscales “se basaron en retórica forzando algunas pocas evidencias“.  

Para su defensor, Godoy no era empleado de la Unidad Gobernador, sino empleado de la Municipalidad de Rawson. Y que Sergio Ríos (oriundo de Buenos Aires y amigo de Correa) era el dueño de los terrenos y no Diego Correa.  “La Municipalidad de Rawson le cede los terrenos y además paga los impuestos hasta que le cede las tierras a Correa. Fue a partir del año 2014, pero desde el 2010 hasta ese año, el propietario fue Ríos”.

Para los fiscales Godoy intentó “ocultar” a Correa. En su alegato, el abogado defensor del imputado mostró dos denuncias policiales realizadas por Godoy por hechos menores ocurridos en la obra. En las exposiciones ante los policías, Godoy afirma que Correa es el dueño de la obras. Estas “estas pruebas son contundentes”, dijo el defensor dirigiéndose al Tribunal.  

También consideró pruebas contundentes en favor de Godoy el intercambio de mensajes de textos que hace con Correa cuando el grupo ya se sabía que era investigado. Conceptos de Godoy como “no quiero mentir”, “quiero salir de este lío”, “yo solo hice mi trabajo profesional”. Para el defensor D´Antonio esa actitud de Godoy demuestran que no había cometido ninguna ilegalidad y que “no obedecía a Correa”.   

Luego de una extensa jornada, la audiencia pasó a un cuarto intermedio para este jueves a las 0830 hs. en la que se escucharán los alegatos de los defensores, de los imputados Cristian Gisande y Rubén Reinoso.

-Producido por el Área Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal del Chubut. Oficina Rawson