Audiencia de control de la detención por  y apertura de investigación por tenencia ilegal de arma de fuego

El juez Jorge Novarino, formalizó la investigación preparatoria de juicio contra  Diego Fabián Ríos (30) imputado como presunto autor del delito de tenencia de arma de fuego de uso civil sin la correspondiente autorización legal. Asimismo, el magistrado no hizo lugar a los pedidos de nulidad y ofrecimientos de reparación, peticionados por el abogado defensor del Ministerio Publico de la Defensa. Por último, otorgó un plazo de seis meses, para que la fiscalía concluya sus tareas investigativas.

La audiencia judicial se realizo mediante el sistema de videoconferencia. El funcionario Ezequiel Castro Albornoz, el juez Jorge Novarino y el abogado de la defensa pública Marcelo Catalano, realizaron las intervenciones desde sus oficinas de trabajo,  mediante conexión remota. La operatoria del sistema, estuvo a cargo de los funcionarios de la Oficina Judicial. En tanto, el detenido participo del acto judicial desde su lugar de detención, utilizando un teléfono celular de las autoridades policiales.

En la ocasión, el representante del Ministerio Público Fiscal,  refirió que el hecho que investigara se registró el 31 de julio, a las 02:10 horas, en la intersección de las calles Ameghino y Roca.

Según consta en la pieza de apertura, el personal policial dependiente de la División de Seguridad Rural de Sarmiento,  se encontraba de recorrida prevencional a bordo del móvil policial identificable.

En este contexto, los agentes del orden interceptaron un  vehículo  “Renault12”, conducido por Diego Fabián Ríos. Asimismo, indicaron que el procesado circulaba en horario no permitido,  conforme las reglamentaciones vigentes en torno a la pandemia por COVID-19.

A ello agregaron que el imputado carecía de documentación de su automóvil (licencia de conducir, seguro del rodado, y documentación relativa a la propiedad). En este marco, Ríos descendió del rodado, y fue palpado por los empleados policiales.

En este sentido, los investigadores indicaron que en  el bolsillo delantero derecho de la campera del detenido, hallaron tres cartuchos a bala calibre 32 S&W marca “CBC” con proyectil de plomo desnudo.

Luego, los efectivos policiales alumbraron hacia el interior del rodado, y constataron la existencia de una mochila. Cuando le solicitaron a Ríos que exhiba su interior, encontraron  un arma de fuego, tipo revolver, calibre 32 largo, modelo “Long CTG”,  sin cartuchos a bala en su tambor almacén cargador. Por último, sostuvieron que el  imputado, no contaba con la debida autorización legal para la tenencia del arma de fuego.

En otro orden Castro Albornoz, explicó que la  agraviada por la conducta desplegada por el imputado resulta ser la Administración Pública Provincial. También pidió que se declare legal la detención. Con respecto a la calificación legal provisoria escogida por la fiscalía,  sostuvo que es la constitutiva del delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil en calidad de autor.

Asimismo, manifestó que al no existir peligros procesales solicitaba que el imputado recupere su libertad, luego de presentarse en la oficina del área de criminalísticas, a los fines de que se le aplique el protocolo único de identificación de personas.

A su turno, Catalano, peticionó al magistrado que declare la nulidad de lo actuado y la ilegalidad de la detención. Sus argumentos se basaron en que el personal policial no había solicitado una orden judicial para el desarrollo del procedimiento      

En este sentido, consideró que no se dieron los motivos suficientes y fundados para que los agentes del orden realizaron una requisa.

En forma alternativa, propuso que se remita la causa a la oficina de Solución Alternativa de Conflictos (S.A.C), a los fines de ofrecer una reparación económica. La propuesta del abogado defensor fue una reparación de cinco mil pesos, que podrían ser destinados al hospital o al hogar de ancianos "mari-mari peñí".

En la réplica, el funcionario de fiscalía dio lectura a la pare medular del acta de intervención policial, a los fines de fundamentar su oposición al pedido de nulidad efectuado por el asesor legal de Ríos.

También se opuso a la propuesta de reparación en función de que el imputado ya había obtenido los beneficios de dos reparaciones y una suspensión de juicio a prueba en otras causas judiciales. Por último, acompaño el pedido de libertad planteado por la parte acusadora.   

Controversias

Luego de analizar los planteos de las partes, Novarino inicio su resolución explicando el significado de los términos palpar y requisar. En este sentido, consideró que el proceder del personal policial fue desarrollado en el marco de lo establecido por las normas.

En consecuencia, rechazó los pedidos de nulidad y de reparación propuesto por el representante del Ministerio de la Defensa Pública. así las cosas, resolvió tener por formalizada la investigación preparatoria de juicio contra Diego Ríos, en orden a los hechos descriptos por la fiscalía y la calificación jurídica escogida