Dr. Ricardo Rojas: Apertura de investigación contra dos policías por privación ilegítima de la libertad, vejaciones y abuso de autoridad en la comisaría

Por pedido del Ministerio Público Fiscal y el abogado Gustavo Oyarzun como parte querellante, el juez Daniel Pérez formalizó la investigación preparatoria de juicio contra los empleados policiales Gabriel Segundo Cayupul y Patricia Elizabeth Gajardo, como presuntos autores de los delitos de privación ilegítima de la libertad, vejaciones y abuso de autoridad. Los investigadores cuentan con plazo de tres meses para concluir las investigaciones. Asimismo, el magistrado estableció una orden de prohibición de contacto entre los procesados y la victima.

El acto judicial se desarrolló en la sala de audiencia de la oficina judicial y fue presidido por el juez Daniel Pérez. La fiscalía estuvo representada por la Procuradora Fiscal, Marisol Sandoval.

En tanto los imputados, el Oficial Inspector Gabriel Cayupul y la agente de policía Patricia Gajardo, participaron mediante conexión telmática desde Alto Río Senguer y Ricardo Rojas, respectivamente.

Los procesados recibieron la asistencia técnico legal del abogado particular Carlos Cerbino. Por otra parte, el abogado de la Defensa Pública, Gustavo Oyarzun se constituyo como parte querellante.

En la ocasión, Sandoval relató los hechos que figuran en la pieza de pedido de apertura de investigación.

En este sentido, la Procuradora señaló que el hecho que investigara ocurrió el 30 de abril de 2020 en la comisaría de Ricardo Rojas.

En esa ocasión, la victima se presentó en la dependencia con la intención de dialogar con el personal policial.

En tanto, al llegar al lugar, detras de ella arribó el móvil policial. De ese vehículo, descendió el jefe de la comisaría Gabriel Cayupul.

Luego de discutir con la denunciante, el oficial la tomó de su brazo derecho y por la fuerza, la ingresó a la dependencia policial. Finalmente, la arrojó en el baño de la comisaría. Asimismo, se informó que unos minutos más tarde, ingresó la agente Gajardo.

La mujer policía le indicó a la victíma debía desnudarse por completo. Según manifestó la empleada policial, el fundamento de su exigencia era en cumplimiento de ordenes de su jefe, a los fines de poder constatar si la mujer llevaba entre sus prendas algún arma de fuego o cuchillo. En este contexto, la Procuradora, sostuvo que la victima le solicitó a la agente Gajardo, no quitarse su ropa interior.

Sin embargo, la empleada policial no accedió al pedido y le manifestó que debia cumplir con las directivas de su jefe.  

Más tarde, Gajardo le ordenó a la victima que se vistiera y la trasladó a la oficina del jefe de la comisaría. Allí, el Oficial Cayupul, volvió a insultar a la mujer detenida. A ello, se agregó que las autoridades policiales, en ningún momento, le informaron los motivos de su detención.

Finalmente, permaneció retenida -de manera ilegal- por el plazo de dos horas aproximadamente, concluyó la Procuradora.

Para concluir las tareas de investigación, Sandoval peticionó al magistrado un plazo de seis meses. Con respecto a la calificación legal provisoria escogida, requirió que se investigue a los dos policías como presuntos autores de los delitos de privación ilegítima de la libertad por parte de un funcionario, en concurso real con vejaciones y abuso de autoridad.

Por otra parte, solicitó una orden judicial de prohibición de contacto -por toda vía- entre los imputados y la victima.

A su turno, el abogado Cerbino manifesto que un plazo de tres meses de investigación alcanzaría para concluir con esta etapa. En tanto, consider que no estaria configurada la calificación juridíca del delito de privación ílegtima de la libertad.  

En este marco, Oyarzun se presentó como patrocinante de la victima y explicó las normativas legales que lo hablitan a ejercer este rol.  

Así las cosas, el magistrado resolvió formalizar la investigación preparatoria de juicio contra los policías Gabriel Cayupul y Patricia Gajardo, en orden a los hechos relatados por la fiscalía y bajo la calificación legal provisoria escogida.

También hizo lugar al pedido de dictar una medida de protección, dictando una orden de prohibición de contacto por toda vía entre los imputados y la victima. En tanto, estableció el período de tres meses como plazo de investigación