JUICIO POR USURPACION DE TIERRAS A LA FAMILIA TRAMALEU PICHUN En la sala de audiencias de la oficina judicial de Sarmiento, el tribunal unipersonal representado por el juez de garantías Dr. Américo Juárez resolvió la suspensión de juicio a prueba por el termino de un año a favor de Ariel Tracaleu (45) y Sixto Tracaleu (77) quienes fueron imputados como presuntos autores del delito de usurpación por alteración de los límites del lote de un  terreno ,  en el  establecimiento rural conocido como “Alma Gaucha”,  en las cercanías de la localidad de Facundo.  Asimismo el magistrado impuso a los acusados la obligación de abonar dos cuotas de 500 pesos a favor de los damnificados, levantar un alambre, postes , clausurar una tranquera y presentarse ante el cuerpo de delegados de control de la jurisdicción local. En la oportunidad, el defensor público Dr. Tomas Malerba explico al juez que luego de haber dialogado con los damnificados y el representante del ministerio publico fiscal, se encontraba en condiciones de realizar el pedido de homologación de este acuerdo y agrego que las partes resolvieron continuar su relación en un contexto de buena vecindad utilizando las vías pacificas para resolver algún tipo de problema. Por su parte, el fiscal Dr. Raúl Coronel indico que las víctimas estaban de acuerdo con la propuesta y presto su consentimiento para la aplicación del instituto. LOS HECHOS Según la acusación pública, los imputados resultan ser ocupantes de parte del lote lindante, conocido en la zona como “Establecimiento Buena Vista” y aproximadamente en el mes de mayo del año 2.008, construyeron un alambrado de alrededor de 350 metros, dentro del lote de los damnificados,  el que por la conformación del terreno (el alambrado culmina al pie de un cerro) produce prácticamente el cerramiento del lote de la familia Pichun, impidiéndoles a éstos la utilización del mencionado territorio.  Asimismo construyeron una tranquera en el cercado que delimita el terreno que ellos ocupaban, para permitir de esa forma el paso hacia las tierras que anexaron. La calificación legal escogida por la fiscalía fue la del delito de usurpación de tierras por alteración de límites y solicitaron al tribunal que aplique la pena de un año y ocho meses de prisión.  .  .