Diez días mas de prisión preventiva fueron impuestos sobre la persona de Martín Solís, un policía integrante de la seccional cuarta de Trelew, imputado hasta el momento por la muerte de Julián Antillanca, ocurrida el 5 de septiembre de este año.   Tal la determinación del Juez, Dr. José Alberto García, quien resolvió a partir de la argumentación fiscal y querellante del mantenimiento del riesgo procesal de fuga, basado en el artículo 221 inciso segundo del Código Procesal Penal de acuerdo a la gravedad del hecho y la pena expectable y de la oposición de la defensa, que ofreció morigerar la medida, por otra sustitutiva de arresto domiciliario, para lo cuál puso a disposición la vivienda del padre de Solís, en Rawson.   El magistrado se preguntó si era posible aplicar una medida de carácter sustitutivo, manifestándose afirmativamente, ya que los legisladores al dictar la Ley impusieron esa posibilidad, pero también cuestionó si era este el caso, respondiendo en forma negativa, indicando que no se habían brindado detalles o pormenores del lugar donde se aplicaría tal arresto, lo que no garantizaba la seguridad en tal sentido. DE PRUEBAS Y ENTREVISTAS  Sin embargo,  también se generó un debate llevado adelante por las partes, a partir de la exposición realizada por los Doctores Fabián Gabalachis y Gustavo Latorre, señalando la presunta obstaculización que sobre la investigación impondría el Ministerio Público Fiscal.     Para tal fin, trajo a colación alguna entrevista efectuada a otra testigo, a quien la defensa tuvo oportunidad de tomarle declaración, quien habría dado precisiones muy contrarias a lo mencionado por quien reconoció a Solís en rueda, sindicándolo como el agente que depositó el cuerpo de Julián en una calle de Trelew, frente a una vivienda del Barrio UPCN.  "Tenemos una entrevista donde testigo denuncia cuestiones de mucha seriedad con descripción de personas intervinientes", dijo el abogado. Poniendo énfasis en los derechos del imputado solicitó al Juez que zanje esta situación imponiendo el acceso a todas las entrevistas y el control de pruebas porque de lo contrario se impide el trabajo de la defensa.   El Fiscal General, Doctor César Zaratiegui dejó en claro la sorpresa que causaban los dichos de la defensa, ya que acababa de dar detalles minuciosos de una entrevista realizada con otra testigo, poniendo en conocimiento del Juez que se ha entregado a la otra parte el informe de una declaración efectuada por esa misma persona en una oficina de la Unidad Regional, encontrándose presente en tal ocasión el Jefe de la Policía de la Provincia, Comisario Castaño y el de la Unidad Regional, Comisario Madeira, firmando dicho informe el Comisario Cruz.   En este caso, mayores precisiones dió la Fiscal General, Doctora Mirta Moreno, quien expuso detalles de todo el trabajo realizado por el Ministerio Público, a partir de una nota elevada por el Comisario Madeira el domingo 28 de noviembre, un día después de la última audiencia sobre el caso. Dando detalles al respecto, aseveró que hemos encontrado serias contradicciones entre lo declarado y las verificaciones hechas al respecto, habiendo citado personas, lugares y hechos que eran erróneos.   El Doctor Zaratiegui afirmó que no había lesión alguna a los derechos de la defensa, aludiendo a la obligación del Estado para investigar y reparar actos, según lo instituyen las normas internacionales. PRISION PREVENTIVA    El Juez de la causa, Dr. José Alberto García, si bien manifestó su extrañeza  y azoramiento por el debate, indujo a las partes para que armonicen esta situación, enfatizando luego sobre la revisión de la medida de coerción, tema central de esta audiencia que debía resolver.    El querellante particular, Doctor Guillermo Hervida, hizo referencia a dichos de la defensa que argumentó el arraigo y las fechas próximas a las fiestas, entre otras cosas, para solicitar el arresto domiciliario, preguntándose que fiesta va a tener el padre de Antillanca ante la muerte desmesurada de su hijo.   Tanto el Ministerio Público Fiscal como el querellante hicieron hincapié en el carácter de funcionario público del imputado, integrante de una fuerza que debe velar por la seguridad de jóvenes como Julián. El Doctor García dispuso finalmente la extensión de la medida de coerción, al menos por diez días, cuando se revisará nuevamente la situación de Martín Solís.