Dos casos diferentes de abuso sexual fueron revisados, a instancias de las defensas, en sendas audiencias realizadas en el tercer piso de los Tribunales de Trelew, confirmándose en ambos las medidas que habían sido adoptadas por los Jueces actuantes en tal sentido.   En una de las audiencias, la defensora, María Angélica Gómez Lozano, expuso ante el Juez Alejandro Defranco, que su cliente fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, imponiéndose un plazo de investigación de seis meses, al igual que la prisión preventiva respectiva. Relató que solicitó detalles de las medidas faltantes al Ministerio Público Fiscal, habiendo sido informada en ese aspecto que aún resta la cámara gessel y otros procedimientos pendientes de realización.   Por otra parte, informó haber efectuado una consulta técnica con un médico del Hospital Zonal, quien observando las fotografías sacadas durante la pericia ginecológica, no observó las lesiones detalladas en el informe correspondiente. En ese aspecto, trajo a colación otras pericias presentadas por la misma profesional en diferentes causas, las que habrían sido revertidas en cuanto a su calificación.    Según la defensora, en este caso el delito no existe porque la penetración no se dió, pidiendo se deje en libertad a su cliente, imputado de abuso sexual con acceso carnal en menor de edad.   El Funcionario de Fiscalía, Gustavo García Antón, indicó que la cuestión traída al recinto por la defensa ya fue evaluada por la Jueza Ivana González al llevarse adelante el control de detención, donde justamente se tuvo en cuenta la pericia ginecológica, por lo que no cabe el nuevo análisis. Por otro lado, diferenció los informes pertinentes, al resaltar que no puede tener el mismo valor el peritaje de fotografías contrastado con el exámen efectuado sobre la víctima, en presencia de su madre y en condiciones adecuadas.   Además argumentó la subsistencia del peligro de fuga, al tratarse de un hecho grave, la situación de convivencia y la modalidad de delito continuado, además de la expectativa de pena, que sería de 8 a 20 años. Respecto al peligro de entorpecimiento, manifestó que debe realizarse el psicodiagnóstico y la cámara gessel, pidiendo al magistrado no se haga lugar a la nulidad esgrimida por la defensa.   El Doctor Alejandro Defranco resolvió de acuerdo a los antecedentes del caso y oídas las partes, confirmando lo ya determinado por la Doctora Ivana González, quien dió validez a la pericia para tener en cuenta la probabilidad de autoría, agregando que el informe médico traído por la defensora no habría contado con el principio de contradicción, cosa que luego aclaró la Doctora Gómez Lozano. En consecuencia, el imputado deberá permanecer en prisión por el término de seis meses, al igual que el periodo de investigación. EL CASO DE DOLAVON   La otra audiencia había sido solicitada por el Doctor Abdón Manyauix, defensor particular de una persona imputada por abuso sexual agravado con acceso carnal, dos hechos en concurso real, en el marco del artículo 119, 3er párrafo y art. 55 del Código Penal, habiéndose realizado ya la cámara gessel, en relación con dos víctimas menores de 17 y 13 años.   El mismo defensor puso en conocimiento de los Jueces revisores, Adrián Barrios y Patricia Asaro de dos denuncias por amenazas a la madre de las niñas contra su cliente y la probable existencia de un intento de suicidio por parte de éste. El abogado consideró excesivo el plazo de investigación establecido por el Doctor Sergio Piñeda, de seis meses, con una prisión preventiva de dos meses.   El Fiscal General, Fabián Moyano, justificó la medida a partir de las pericias realizadas que ratifican los abusos a que habrían sido sometidas, aludiendo también a un grado de discapacidad de las víctimas, situación que fue aprovechada por el tío de ambas, quien les ofrecía plata y regalos a cambio de satisfacer sus bajos instintos. Expuso también sobre los riesgos procesales,  destacando la falta de arraigo del encartado y la necesidad de convocar a testigos de la localidad de Dolavon que podrían confirmar dichos de las menores.   Confirmó que una de ellas manifestó que su tío amenazó con suicidarse si no se retiraba la denuncia, generando esto no solo un perjuicio sicológico, sino también un sentimiento de culpa, pidiendo luego el Fiscal la confirmación de todo lo dispuesto por el Juez Sergio Piñeda.   Los Doctores Barrios y Asaro confirmaron la medida de coerción, como ajustada a derecho y debidamente fundada por el Juez de la causa, ratificando que el plazo de seis meses es el indicado en las normas correspondientes, no pudiéndose reducir el mismo, y debiendo ser revisada dentro de dos meses la situación del imputado, de acuerdo a la marcha de la investigación.