En la mañana de hoy se llevó adelante en la sala de audiencias ubicada en el segundo piso de Tribunales, el debate sobre la pena que se impondrá a Sandro Ramírez, quien ayer fue declarado culpable de homicidio simple, en perjuicio de Alberto Giménez, en un hecho ocurrido el 22 de mayo de 2010 en Dolavon.
El Fiscal General, Fabián Moyano, luego de convocar a la madre de la víctima como testigo, señaló que como único atenuante el acusado contaba con la falta de antecedentes condenatorios, y sopesó los agravantes surgidos al haber quedado totalmente comprobado el hecho en cuanto a su materialidad y autoría. Destacó la forma artera y traicionera en la que Ramírez se le pone a la par, lo increpa y finalmente concreta su intención de matarlo, observando además el estado vulnerable de Giménez, ebrio y sin querer meterse en problemas.
Por otra parte, mencionó el altercado sostenido días antes para reafirmar el dolo ejercido por el agresor, sosteniendo que desde aquel momento Ramírez tuvo la intención de agredir a quien finalmente asesinó. Remarcó que no puede tomarse como atenuante la posibilidad de un estado de ebriedad, dado que se comprobó no haber actuado bajo efectos de alcohol o drogas.
Puso énfasis en manifestar que se puso fin a una vida de 27 años, que trabajaba cotidianamente ayudando a su madre y al hijo de cinco años, solicitando finalmente una pena de 15 años de prisión para Sandro Ramírez.
El defensor particular, Gustavo Latorre dijo que no se puede soslayar el hecho que su cliente jamás ingresó a una comisaría por algún tipo de delito, aseverando que debe tomarse el episodio como un hecho excepcional en su vida, para decir luego que Ramírez no evaluó lo que significa subestimar el alcohol.
Justamente ese fue el eje, por el cuál transitó su alocución, destacando que existen estadísticas sobre el consumo de alcohol en la provincia que lo ubican en un lugar preponderante para desencadenar este tipo de hechos. Si su defendido hubiera estado sobrio no hubiera pasado nada, explicó Latorre. Pidió al Tribunal que se atiendan las circunstancias y connotaciones en el proceder de Ramírez, haciendo referencia también al objetivo de resocialización que debe merituarse en cada pena, para luego solicitar el mínimo correspondiente, es decir 8 años de prisión.
El Cuerpo Colegiado, presidido por el Juez José García, acompañado por Alejandro Defranco y Sergio Piñeda, dará a conocer el viernes 8 del corriente en una comunicación a cada una de las partes la resolución sobre la sentencia definitiva.
En la mañana de hoy se llevó adelante en la sala de audiencias ubicada en el segundo piso de Tribunales, el debate sobre la pena que se impondrá a Sandro Ramírez, quien ayer fue declarado culpable de homicidio simple, en perjuicio de Alberto Giménez, en un hecho ocurrido el 22 de mayo de 2010 en Dolavon.
El Fiscal General, Fabián Moyano, luego de convocar a la madre de la víctima como testigo, señaló que como único atenuante el acusado contaba con la falta de antecedentes condenatorios, y sopesó los agravantes surgidos al haber quedado totalmente comprobado el hecho en cuanto a su materialidad y autoría. Destacó la forma artera y traicionera en la que Ramírez se le pone a la par, lo increpa y finalmente concreta su intención de matarlo, observando además el estado vulnerable de Giménez, ebrio y sin querer meterse en problemas.
Por otra parte, mencionó el altercado sostenido días antes para reafirmar el dolo ejercido por el agresor, sosteniendo que desde aquel momento Ramírez tuvo la intención de agredir a quien finalmente asesinó. Remarcó que no puede tomarse como atenuante la posibilidad de un estado de ebriedad, dado que se comprobó no haber actuado bajo efectos de alcohol o drogas.
Puso énfasis en manifestar que se puso fin a una vida de 27 años, que trabajaba cotidianamente ayudando a su madre y al hijo de cinco años, solicitando finalmente una pena de 15 años de prisión para Sandro Ramírez.
El defensor particular, Gustavo Latorre dijo que no se puede soslayar el hecho que su cliente jamás ingresó a una comisaría por algún tipo de delito, aseverando que debe tomarse el episodio como un hecho excepcional en su vida, para decir luego que Ramírez no evaluó lo que significa subestimar el alcohol.
Justamente ese fue el eje, por el cuál transitó su alocución, destacando que existen estadísticas sobre el consumo de alcohol en la provincia que lo ubican en un lugar preponderante para desencadenar este tipo de hechos. Si su defendido hubiera estado sobrio no hubiera pasado nada, explicó Latorre. Pidió al Tribunal que se atiendan las circunstancias y connotaciones en el proceder de Ramírez, haciendo referencia también al objetivo de resocialización que debe merituarse en cada pena, para luego solicitar el mínimo correspondiente, es decir 8 años de prisión.
El Cuerpo Colegiado, presidido por el Juez José García, acompañado por Alejandro Defranco y Sergio Piñeda, dará a conocer el viernes 8 del corriente en una comunicación a cada una de las partes la resolución sobre la sentencia definitiva.
