Oscar Roberto "Chito" Alarcón, es acusado de haber engañado a la Municipalidad de Trevelin para beneficiarse con una doble remuneración estatal. El fiscal Marcelo Crettón sostuvo en su discurso de apertura, los términos de la acusación por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública agravado por tratarse de un empleado público, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. El defensor Fabián Gabalachis, sostiene que no hubo ningún ardid para engañar al Estado. El juez de juicio es Martín O´Connor. Entre otros testigos, declaró el intendente Omar Aleuy.
El juicio abrió a las 8:30 hs. Un planteo de la defensa llevó a un cuarto intermedio hasta las 9 hs. Gabalachis pidió que se tenga por desistida la querella por ausencia de la Fiscalía de Estado. Este ente se había constituido como querellante, pero no se presentó al debate. El juez, luego de constatar la incomparecencia, resolvió el desistimiento de la querella, de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal.
Según la Fiscalía, entre el 10 de Diciembre de 2015 y el 28 de Febrero de 2018, en el Municipio de Trevelin, Oscar Roberto Alarcón, empleado municipal de Trevelin, hasta ese entonces adscripto a legislatura, cambió de ámbito de desempeño de funciones y también de situación en materia de percepción de haberes. A través del Decreto Provincial Nº11/2015, fue nombrado para desempeñar un cargo de Director General de Protocolo y Ceremonial de la Provincia a partir del 10 de Diciembre de 2015, omitiendo informarlo en el Municipio en el que se desempeñaba como empleado público integrante de planta permanente, en pleno conocimiento del deber de denunciar que le impone la normativa vigente (Arts. 67 segundo párrafo de la Constitución Provincial, Art. 14 y 20 de la Ley I Nº231 – Ética de la Función Pública).
La tesis de la acusación señala que este ardid le posibilitó la doble percepción de haberes en perjuicio patrimonial de la municipalidad, desde la fecha de su nombramiento hasta el día 28 de Febrero de 2018, fecha en que lo informó y solicitó licencia política (Art. 36 de la Ordenanza 35/95 del HCD – Estatuto Municipal) para continuar el desempeño del cargo provincia. Para la fiscal, con esta omisión, incumplió además los deberes legales derivados del cargo.
El monto percibido indebidamente por Alarcón ascendería a la suma de 711.448,37), comprensivo de los conceptos de haberes ($ 703.149,17) y asignaciones familiares ($ 8.299,20), conforme liquidación efectuada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, cuantificando la magnitud económica de los perjuicios.
