Esquel

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Amenazas agravadas y atentado agravado

Se realizó la audiencia de control de la detención y apertura de la investigación por los hechos violentos del jueves a la noche en el Barrio 50 Viviendas. La fiscal María Bottini distinguió la conducta procesal de dos de los imputados respecto de quién fue aprehendido en flagrancia luego de atacar a la policía con una bomba molotov. A su respecto pidió la prisión preventiva por 30 días, mientras que para los coimputados requirió una prohibición de acercamiento a las víctimas. El juez José Colabelli dijo que la medida es desproporcionada y no se justifica, por eso dispuso también a su respecto la prohibición de acercamiento y contacto con las víctimas. La Fiscalía pidió urgente revisión de la decisión judicial.

La imputación sostiene que el 9 de julio aproximadamente a las 22:10 hs. una vecina del Barrio 50 Viviendas llamó a la comisaria para informar que un grupo de personas se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas frente a domicilio, al advertir la presencia policial este grupo de personas, ingresó a la casa. A las 23:48 hs. una familia del barrio estaba descansando, comenzaron a sentir ruidos de piedras que impactaban en el techo de la casa, miraron por la ventana y vieron a cuatro sujetos que los amenazaban diciéndole que lo iban a matar a él y a toda su familia. En ese contexto vio que uno de los sujetos le apuntó con un arma de fuego y otro portaba una tumbera, los demás seguían arrojando piedras.

Llegó la policía, entonces los cuatro agresores se refugiaron en el patio de un domicilio, desde el que seguían arrojando piedras y  profiriendo amenazas hacia la familia de las víctimas, “eso no se hace, ahora van a ver lo que va a pasar”

El mismo sujeto que antes apuntaba con el arma, se acercó al personal policial y les arrojó una bomba tipo Molotov (botella con tramo de tela encendida). El impacto de la botella produjo una llamarada que se esparció por el piso no logrando a alcanzar a ningún empleado policial. Fue en ese contexto que lo aprehendieron en la intersección de las calles Padre Salvio y Pasaje Los Alamos.

En el contexto de una orden de allanamiento y autorización de la detención para ser llevados a audiencia de formalización de la investigación, resultaron aprehendidos otros dos imputados. A estos últimos la funcionaria de turno Sofía Torres, les imputó Amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, en carácter de coautores. Al primero además de este delito se lo investiga por Atentando a la Autoridad agravado por la utilización de Armas en concurso real con portación ilegitima de arma de uso civil, en carácter de Autor.

Legalidad de la detención

El defensor Marcos Ponce cuestionó que supo de las dos últimas detenciones poco antes de la audiencia y pidió la declaración de ilegalidad. El juez José Colabelli rechazó el planteo diciendo que la detención fue con orden judicial y legal. Indicó el juez que se investigue si un funcionario público omitió informar de la concreción de las aprehensiones al juez.

Medidas de coerción

La Fiscalía pidió que se disponga una prohibición de acercamiento y contacto con las víctimas a dos de los imputados, en tanto que diferenció la situación del tercero. La actitud procesal de quién utilizó el arma de fuego para apuntar a las víctimas y luego atacó a la policía con una bomba de fabricación casera, evidencia a criterio de la fiscal Bottini, su decisión de no someterse al proceso. Por ese motivo, además del riesgo de entorpecimiento procesal, también debe considerarse el peligro de fuga.

El planteo fue resistido por el defensor quién sostuvo que los mínimos de la escala penal de los delitos por los que se lo investiga, contemplan penas de ejecución condicional lo que no habilita al dictado de una prisión preventiva. También relativizó los hechos enrostrados y señaló que el hecho principal es el mismo para los tres imputados por lo que no se justifica una decisión deferente a su respecto.

El juez José Colabelli se hizo eco del planteo defensista, entendió que es desproporcionada una prisión preventiva, rechazó el pedido fiscal y dispuso para los tres imputados la prohibición de acercamiento y contacto por cualquier vía con las víctimas.

Bottini pidió la revisión de la decisión con carácter de urgente.

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