Propiciado desde la procuración general adjunta días pasados los contadores pertenecientes a los Equipos Técnicos Multidisciplinarios (ETM), Departamento de Contabilidad Forense, Claudio Marty y Viviana Karlen arribaron a esta ciudad y mantuvieron diversas reuniones con fiscales y funcionarios de fiscalía. Entre los temas abordados se encuentra el de estafas, enriquecimiento ilícito y cohecho, entre otros. Junto con ellos se hizo presente el coordinador jurídico y administrativo de los ETM, Mario Palacios.
En el encuentro se facilitaron herramientas a los funcionarios con el objeto de investigar este particular tipo de delito. Los contadores brindaron asesoramiento en su materia ya sea en una medida prejudicial de investigación, como en una medida de prueba, o pericia en una causa criminal. Pueden asesorar “en causas en trámite y en la documentación que necesitan para el caso, a veces no es sólo una pericia contable, pero si hay que secuestrar documentación en una empresa, que sirva; o donde pedir documentación particular cuando el fiscal tenga una investigación en curso”.
Asimismo los fiscales pueden realizar una interconsulta permanente con los contadores, quienes los guiarán en cómo leer una documentación contable específica, sin necesidad de elaborar un informe. De esta manera se fortalece el trabajo en equipo, con el liderazgo del fiscal en el equipo multidisciplinario de investigación y se elabora una construcción conjunta de la hipótesis de investigación.
En referencia a los delitos económicos, “antiguamente se los denominaba lavado de dinero, hoy es lavado de capitales, que engloba el activo, inmuebles, participaciones societarias”. Afirmaron que “este tipo de delitos son consecuencia de otros delitos, del tráfico de armas, drogas o de la corrupción”.
Finalmente cabe mencionar la reforma constitucional de 1994, que reconoce expresamente las situaciones de corrupción en el artículo 36 de la Constitución Nacional. Asimismo ordena sancionar una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función, lo que dio lugar en nuestra provincia al dictado de la ley de ética y transparencia en la función Pública (B.O. 28/01/02).
