Mediante la resolución 53/20 PG, el Procurador General de la Provincia, Jorge Luis Miquelarena, dispuso la creación de una nueva oficina bajo la dependencia de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE-DAP). El MPF busca poner énfasis en el recupero de los activos provenientes de la corrupción, sea por decomiso, entrega voluntaria o mediante la aplicación de la legislación sobre extinción de dominio que pueda sancionarse.
Desde hace tiempo Miquelarena dictó normas, resoluciones e instrucciones, tendientes a reglamentar lo relativo al recupero de gastos, cobro de multas, identificación, secuestro y decomiso de bienes objeto de ilícitos, su administración y disposición. La flamante resolución valora en sus considerandos, los excelentes resultados obtenidos por la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública, bajo la conducción del Fiscal Jefe, José Omar Rodríguez. El procurador sostiene que se colocó al Ministerio Público Fiscal en la situación de obtener recursos económicos fruto de la actividad delictiva que deben ser atendidos o efectivizados, según sea el caso. Precisamente esa Unidad Fiscal Especializada debe poner énfasis en el recupero de los activos provenientes de la corrupción. Entre las vías para el recupero de gastos, la resolución plantea que la extinción de dominio es un instituto que una vez que se ponga efectivamente en funcionamiento, podrá servir como una útil herramienta del Estado para concretar una política criminal contra la corrupción. "… En cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por la Nación Argentina, recuperar para el Estado bienes objeto del delito o producto del delito. Lo significativo de lograr ponerlos en circulación nuevamente, pero ahora destinados a servir como objetos materiales utilizados por el Ministerio Público Fiscal para el cumplimiento de su actividad jurisdiccional".
Las herramientas normativas internas generadas por la Procuración General para determinar los costos del proceso penal, generación y presentación de planillas de liquidación e intento de recupero de dichos gastos por parte de los condenados, es aplicable a delitos contra la administración pública, así como en todos los procesos penales. Para sistematizar y hacer eficiente la concreción de estas actividades, Miquelarena entendió necesario crear en el ámbito de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, una Oficina de Recuperación de Activos y Decomisos que pueda atender estas funciones de modo prioritario.
Qué rol tendrá el titular de la Oficina
El funcionario a cargo de la nueva Oficina, deberá proponer y desarrollar una política activa orientada a detectar, cautelar, identificar y decomisar bienes y fondos provenientes de los delitos, especialmente aquellos vinculados con la criminalidad compleja y los delitos contra la administración pública.
Deberá diseñar programas de acción dirigidos a incremental la eficiencia en el recupero temprano de activos; Colaborar y gestionar, juntamente con los fiscales, en la determinación, liquidación y ejecución de multas: Intervenir, cuando corresponda, en la gestión, administración y disposición de bienes objeto de decomiso, proyectando los actos y reglamentaciones necesarias al efecto, intermediando en cuanto fuera pertinente con el Administrador General del Poder Judicial y con la Dirección de Gestión y Ejecución Presupuestaria de la Procuración Genera, entre otros deberes.
