[gallery link="file" columns="9"] La causa es contra 11 personas que fueron detenidas por daños a bienes públicos, impedir la libre circulación y resistencia a la autoridad durante el corte de la ruta a Puerto Pirámides en noviembre del año pasado. El lunes a las 12 horas el juez Gustavo Castro leerá la resolución sobre si inicia la apertura de la investigación.

La mañana de 12 de noviembre de 2009 en la intersección de las rutas provinciales numero 2 y 42 que comunican a Puerto Madryn con Puerto Pirámide la policía detuvo a un grupo de personas pertenecientes a la UOCRA, que quemaron cubiertas y cortaron las rutas impidiendo la libre circulación de los vehículos en protesta por despidos que habría realizado la empresa constructora DYCASA. Como consecuencia de los incidentes la policía actuó de oficio, en orden a las facultades que les otorga el artículo 248 de la Constitución Provincial y detuvo a los manifestantes que se encontraban cometiendo los delitos. Cabe recordar que consta en el legajo judicial que los manifestantes arrojaron piedras y elementos contundentes hacia el personal uniformado, impactando estas piedras contra los móviles policiales y también contra los policías.

De esta forma, tomó intervención la justicia penal y los imputó por daño a bienes públicos, entorpecimiento de circulación de medios de transportes y resistencia a la autoridad, todos estos delitos previstos por la ley.

A la audiencia de apertura de investigación realizada el miércoles a la mañana en los Tribunales locales asistieron 6 de los 11 imputados porque Mateo Suárez y otra persona imputada, a pesar de estar notificados personalmente, no se presentaron a la misma. De esta forma se solicitó que se fije una nueva fecha de audiencia para ellos y con respecto de los 3 imputados restantes, se requirió su averiguación de paradero y comparendo, pues no se los pudo notificar personalmente ya que los domicilios que habrían indicado no existen.

Durante la audiencia la funcionaria de Fiscalía Patricia Reyes, que lleva adelante la causa, solicitó el plazo legal de investigación e informó sobre la imputación realizada a los acusados, quienes no declararon ante el juez. Por su parte, el defensor particular Oscar Romero se opuso a la pretensión de abrir la causa judicial y solicitó el sobreseimiento de los imputados por entender que no existe el delito. Además indicó sobre la confrontación de los derechos a protestar versus el derecho de la sociedad al libre transito de las personas y sugirió que el intento de abrir una causa judicial constituye una criminalización de la protesta. Desde la Fiscalía se replicó que no se trata de la judicialización de la protesta sino de los delitos cometidos, como ser los daños a los bienes públicos, el entorpecimiento de la circulación y la resistencia a la autoridad.

De esta forma y tras escuchar las diferentes posturas, el juez Penal Gustavo Castro resolverá si inicia el proceso penal por los delitos cometidos el próximo lunes a las 12 horas.