Se realizará la audiencia de apertura de investigación
SE INVESTIGA PRESUNTA MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS
El Ministerio Público Fiscal solicitó la apertura de investigación penal por una presunta malversación de caudales públicos, en la cual se encuentra imputada la ex secretaria administrativa de Compras y Pagos del Concejo Deliberante.
Cabe recordar que el 15 de Junio los Concejales Marcelo Berzon y Pedro Jiménez entregaron en la Fiscalía una presentación indicando que algunas facturas de servicios y/o compra de elementos por parte del Concejo Deliberante, a prima facie, presentaban signos de adulteración en sus montos originales. Los denunciantes, así como por el Presidente del Concejo Deliberante, Ricardo Lázaro, manifestaron ante la Fiscalía que el manejo de las facturas, como de la cuenta corriente del Concejo Deliberante, estaban a cargo de Marta Rotondo una funcionaria responsable de la Administración de Compras y Pagos del Concejo Deliberante, con el cargo de Secretaria Administrativa. Además, según lo informado por el Presidente del Concejo Deliberante ante el Ministerio Público Fiscal, dicha funcionaria asumía la decisión sobre cómo se abonaba a cada proveedor e incluso que en ocasiones se hacia en efectivo con dinero que ella retiraba del banco o bien con cheques al portador que la ella misma confeccionaba. Sin perjuicio de que en el curso de la investigación puedan surgir coimputados, ya sea funcionarios públicos y/o proveedores que actuaban en connivencia con la imputada, de la documentación presentada ante el Ministerio Público Fiscal surgen elementos que le permiten a los Fiscales solicitar la apertura de la investigación penal a su respecto. De esta forma y tras la presentación de la Fiscalía, en los próximos días la Oficina Judicial deberá fijar la fecha de audiencia para la realización de la apertura de investigación, donde la imputada Marta Rotondo será notificada formalmente de los cargos por los cuales se la investiga y, si así lo desee, podrá declarar ante el Juez de la causa.
EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA LEY
La calificación de la causa es por “defraudación agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración publica”, que tiene una pena de dos a seis años de prisión. Al respecto, el Código Penal de la Nación indica en el capitulo sobre Estafas y Otras Defraudaciones que el delito está previsto para quien, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de intereses económicos ajenos y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido, violando sus deberes, perjudicare los intereses confiados; tomando como agravante cuando el fraude se cometiere en perjuicio de la administración pública.
