Finalmente Jéssica Fernández obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria, luego de varias audiencias y diversos procedimientos llevados adelante, al ser considerado su estado de embarazo ya avanzado, tomándose la determinación por parte de la Jueza, Patricia Asaro, en una audiencia realizada en horas del mediodía de hoy.   En el transcurso de la misma, el Ministerio Público Fiscal, representado por  la Funcionaria de Fiscalía, Claudia Ibáñez, manifestó que realizada la junta médica en la que participaron seis profesionales, el análisis en la entrevista a la detenida determinó que no se motiva el cambio de lugar de alojamiento, solicitando se mantenga la medida que viene pesando sobre Jéssica Fernández.    Coincidió en esto el Dr. Javier Romero, querellante en representación de María Rosa Leiva, añadiendo la inaplicabilidad de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo esto aplicable a otros derechos. En tanto, los Doctores Diego Rodríguez y Diego Figueroa, de la Fiscalía de Estado, postularon su adhesión a lo expresado por el Ministerio Público Fiscal, pidiendo el rechazo del arresto domiciliario.   La Defensa, ejercida por Javier Francisco, insistió en las condiciones aplicables del derecho a este caso, exigiendo la incorporación al régimen de prisión domiciliaria de su defendida. Refirió al derecho superior del niño por nacer, como de jerarquía internacional y aludió al informe social 148/11, sobre las condiciones de detención desfavorables para el desarrollo del embarazo.   Escuchadas que fueron las partes, la Dra. Patricia Asaro resolvió hacer lugar al arresto domiciliario de la Jéssica Fernández por el término de seis meses a partir del día de la fecha en el domicilio propuesto, perteneciente a su señora madre, ubicado en un barrio de esta ciudad, en los términos de los arts. 10 del Código Penal, 32, 33 de la ley 24660, 22 de la Carta Magna Provincial y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.   Por otro lado, ordenó imponer el régimen de rondines policiales y solicitó a través de la Oficina de Ejecución penal, la visita una vez por mes a la detenida, para informar sobre el cumplimiento de esta medida, que en caso de ser violada será revocada en forma inmediata.   Fernández estaba detenida en la Alcaidía policial de Trelew, con una pena impuesta de doce años, aún recurrida, involucrada en los hechos ocurridos el 15 de junio de 2007 en los alrededores del Ministerio de Economía en Rawson, donde perdieron la vida dos policías.