Al llevarse adelante una audiencia de revisión, el Juez, Dr. Sergio Piñeda, determinó que un acusado por promoción en la corrupción de menores de 13 años, con modalidad de delito continuado, deberá permanecer en prisión, al menos hasta la realización de la audiencia preliminar, previa a la posibilidad de realización del juicio oral.   Se trata de una persona que hacía las veces de entrenador de fúbol infantil y también cumplía funciones sindicales, por lo cuál debió procederse al desafuero, para no impedir la prosecución del proceso correspondiente. La Fiscal General, Dra. Silvia Lucía Pereira, indicó que al cumplirse el plazo establecido para la medida de coerción impuesta el 17 de mayo de 2010, se mantienen los peligros procesales argumentados en aquella instancia, y ante la acusación presentada en los términos previstos, aumentan los riesgos enmarcados en los artículos 220, 221 y 222 del Código Procesal Penal, referidos a posibilidades de fuga y entorpecimiento.  El delito enrostrado está de acuerdo con el artículo 125 inciso 1 y 55 contrario sensu, con una pretensión punitiva de seis años, pero también tiene otra causa bajo el nro. 13364, por igual calificación, en perjuicio de un jóven de 15 años con moderada discapacidad mental, cuyo juicio está previsto para el próximo 25 de agosto. Esta última tiene una expectativa de pena que va hasta los nueve años de prisión de efectivo cumplimiento.   Ante esta situación, la Fiscal General solicitó se mantenga la prisión preventiva hasta la Audiencia preliminar, y si  bien la defensa, ejercida por el Doctor Matías Cimadevilla, dijo no compartir el encuadramiento jurídico, reconoció que no es esta la etapa para efectuar dicho cuestionamiento, pidiendo se agilice el trámite del proceso, además de la posibilidad de brindar un tratamiento psicológico a su cliente, aunque aclarando que debe ser el Estado quien se haga cargo del mismo,  teniendo en cuenta la detención y falta de trabajo.   El Doctor Sergio Piñeda resolvió mantener la medida de coerción, de acuerdo a lo solicitado por Fiscalía y reafirmando la existencia de los riesgos procesales, a la vez que pidió la intervención del médico de la Policía con el fin de evaluar la necesidad del tratamiento psicológico.