Resolución cesura homicidio Santiago Blanco
Así resolvió el tribunal de juicio respecto al suceso ocurrido el pasado el pasado 5 de agosto de 2014 que tiene como condenados a Lucas Ávila Maya y a Gustavo Martínez. En la audiencia de cesura la fiscal había solicitado 25 y 15 años respectivamente. La defensora del primero solicitó el mínimo mayor para la figura legal que le fuera impuesta, de 10 años; en tanto que la defensora de Martínez requirió perforar el mínimo y se le otorguen 5 años de prisión.
El tribunal de debate estuvo compuesto por Mariano Nicosia, Gladys Olavarría y presidido por Jorge Odorisio, jueces penales; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Camila Banfi, fiscal general; la defensa de Ávila Maya fue ejercida por Viviana Barillari, la de Gustavo Martínez por Cristina Sadino, defensoras públicas. Se encontraban presentes también en la sala familiares y amigos de las víctimas, asistidos por profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito; como también familiares de los imputados.
La pretensión punitiva del Ministerio Público Fiscal fue de 25 años de prisión para Ávila Maya y de 15 para Gustavo Martínez. Considerando como circunstancias agravantes la naturaleza de la acción, el medio empleado –un arma 9mm- y las circunstancias graves del hecho. La nocturnidad en que ocurrió el hecho y la innecesaria violencia desplegada en el mismo. También consideró que debía considerarse como agravante la extensión del daño causado a toda la familia Blanco. Finalmente recordó que ambos comprenden la criminalidad de sus actos y solicitó el mantenimiento de su prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.
En tanto que la defensora de Ávila Maya también sostuvo que impugnará la sentencia y sostuvo que la pena elegida por la fiscal era excesiva y que se alejaba del mínimo mayor para la figura legal escogida. Oponiéndose a su declaración como reincidente. Considerando como atenuante las condiciones de vida de mi asistido, maltrato infantil y estado de vulnerabilidad. Se está pidiendo una pena máxima sin tener en cuenta otras situaciones que deben valorarse. Solicitando se le aplique el mínimo mayor, de 10 años.
En igual sentido la defensora de Martínez argumentó que el mínimo de la pena ya es desproporcionado, solicitando que la pena perfore el mínimo legal, cinco años, ya que el robo no se alcanzó a consumar, es decir quedó en grado de tentativa. La pena que solicitó la fiscalía es desproporcionada y no contempla la resocialización, sostuvo. El castigo debe ser proporcional al daño causado. Resaltando el arrepentimiento mostrado por su pupilo y que debe tenerse en cuenta el fin resocializador de la pena.
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