La decisión del cuerpo colegiado integrado por Adrián Barrios, Luis Luchelli y Alejandro Defranco se dio en horas de la tarde, tras un cuarto intermedio en una audiencia que se extendió durante la mañana hasta cerca de las 14, donde pudo escucharse las argumentaciones de los defensores que impugnaban lo resuelto por los Jueces Alejandro Soñis, Ricardo Rolón y Marcela Pérez, en tanto los fiscales y las querellas solicitaban la confirmación de lo actuado.

Los defensores Damian Dantonio representando a Jorge Aníbal Godoy y Juan Carlos Ramón, Matías Cimadevilla defensor de Christian Gisande y Fabián Gabalachis asesor legal de Natalia y Giuliana Mc Leod y Sandro Figueroa manifestaron los agravios por el rechazo de la suspensión de juicio a prueba tildando esa decisión del tribunal de enjuiciamiento como arbitraria a la vez de manifestar que no se ajusta a derecho. Indicaron las dudas en cuanto a las posibles penas y dijeron que sus defendidos tenían todos los requisitos que se solicita para la imposición del instituto.

   Por el contrario los fiscales generales Omar Rodríguez y Alex Williams enfatizaron en que se trata de una decisión fundamentada y razonada. Aludieron a las convenciones internacionales a las cuales adhiere nuestro país al asegurar que este grupo hizo mucho daño a la comunidad y su proceder atenta contra el sistema democrático y afecta a los que menos tienen. Refirieron al aludido artículo 26 que habla sobre la condición de las penas expresando que por el tenor de los delitos las mismas no serán de ejecución condicional sino de cumplimiento efectivo. En algún tramo de la alocución el fiscal Williams dijo que comprende la posición de los defensores al no compartir lo resuelto por los Jueces, pero la sentencia no tiene fisuras, esta fundamentada y es altamente razonada.

   Del mismo modo se expresaron los querellantes representantes de la Fiscalía de Estado Javier Tampone, de iniciativa ciudadana Eduardo Hualpa y el doctor Hansen de la oficina anticorrupción, quienes hicieron aportes adhiriendo y reforzando lo manifestado por el Ministerio Público Fiscal.

   Los votos de Luis Luchelli, Adrián Barrios y Alejandro Defranco dados a conocer en la sala ubicada en el sexto piso de los tribunales en Trelew, no hicieron más que confirmar en forma unánime la sentencia dada el 5 de abril pasado por los doctores Soñis, Rolón y Pérez. Entre las argumentaciones comunicadas aluden a la adecuada posición asumida por el Ministerio Público Fiscal, resaltando la importancia que debe darse a delitos como defraudaciones al Estado donde los afectados son todos los ciudadanos. Reafirmaron las normas vigentes tanto en los organismos internacionales, como previstas en la Constitución, confirmando cada uno a su turno la sentencia emitida oportunamente que rechaza la posibilidad de aplicar el instituto de la suspensión de juicio a prueba.

Así las cosas la causa denominada “embrujo” seguirá su curso y Diego Correa, Diego Luters, Federico Gatica, Natalia Mc Leod, Daniela Souza, Sandro Figueroa, Juan Carlos Ramón, Rubén Darío Reinoso, Christian Gisande, Jorge Godoy, Giuliana Mc Leod y Darío Domingo Correa, deberán afrontar el juicio oral y público acusados de diversos delitos, entre ellos asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude al Estado y usurpación de título público.