El Juez Adrián Barrios resolvió elevar a juicio oral y público la causa donde se encuentra acusado Martín Alejandro Espiasse, luego de las solicitudes en tal sentido presentadas por el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Estado y el querellante particular, representante de María Rosa Leiva, esposa de una de las víctimas del hecho ocurrido el 15 de junio de 2007, cuando una banda, que también integraría el acusado, perpetró un robo en inmediaciones a los cajeros del Ministerio de Economía en Rawson dando muerte a dos policías.   Así lo informó el magistrado a las partes interesadas, tanto acusadoras como defensora, y el propio Espiasse fue traído desde la Unidad 6 para ser notificado personalmente al respecto. En la misma resolución se informa sobre la decisión de mantener la prisión preventiva que pesa sobre quien será llevado proximamente a los estrados judiciales.   El detenido se había fugado luego de los sucesos, siendo posteriormente detenido en Mendoza, en septiembre de 2007, tras haber protagonizado un robo agravado, recibiendo la pena de seis años y ocho meses de prisión. De allí también intento fugarse en dos oportunidades y había presentado una identificación falsa, bajo el nombre de Matías Lagos González.   Cabe recordar que el resto de los integrantes del grupo fue condenado con diversas penas que van desde la prisión perpetua a los doce años, habiendo fallecido uno de los protagonistas en otra provincia. Por su parte, Jéssica Fernández se encuentra esperando la decisión de una junta médica que evaluará la posibilidad de permanecer en la alcaidía policial mientras dure su ya avanzado embarazo o se le concede el arresto domiciliario solicitado.     El Ministerio Público Fiscal, representado por la Funcionaria de Fiscalía Claudia Ibáñez, pidió que Espiasse sea juzgado por homicidio calificado para lograr impunidad en carácter de coautor, de acuerdo al art. 80, inciso 7 del Código Penal, al igual que la Fiscalía de Estado, cuyo representante Diego Rodríguez se encontraba presente. El querellante particular, Javier Romero, elevó la acusación por homicidio críminis causa, dos hechos, en perjuicio de Rearte y Cruzado, ofreciendo la alternativa de autor primario de homicidio críminis causa, coincidiendo la pretensión punitiva que en ambos casos es la reclusión perpetua.   La defensa, ejercida por el doctor Fabián Gabalachis ofreció trece testigos para el futuro juicio, aunque seis de ellos son quienes fueron condenados, aunque aún sin sentencia firme recurrida en el Superior Tribunal, participantes del hecho. Ante la resolución del magistrado, la Oficina Judicial deberá fijar fecha de realización del Juicio oral y público, conformando el correspondiente Tribunal.