Durante una audiencia de control de detención llevada adelante en horas de esta mañana en sala de oficina judicial de Trelew, la fiscal general jefa Silvia Pereira expuso la imputación que le cabe a una persona por reiterados hechos de desobediencia y amenazas, en perjuicio de su ex pareja.
Detalló la doctora Pereira que uno de los hechos data del 4 de junio pasado, cuando cerca de las 14 el encartado se apersonó en el domicilio de la víctima violando la prohibición de acercamiento impuesta el 24 de mayo de este año y de la cuál estaba notificado. En esa ocasión rompió la cerradura y el marco de la puerta, profiriendo contra la mujer insultos y amenazas. Luego tomó un cuchillo de grandes dimensiones y arrinconó a la víctima colocando el arma en el abdomen diciéndole que la iba a degollar y desfigurar, mientras la perjudicada quedó inmóvil y solo optó por llorar y callar.
De allí el hombre huyó llevándose el cuchillo y un celular perteneciente a la mujer, que finalmente logra comunicarse con la policía mediante el celular de una vecina, y puede ser trasladada a la comisaría de la mujer donde radica una denuncia. Pero luego de esto, el mismo denunciado se encontraba merodeando en los alrededores de la vivienda, cerca de las 20, cuando se encontraba personal policial realizando diligencias y es en ese instante que ingresa nuevamente sin tener en cuenta la orden de prohibición de acercamiento, por lo que es detenido. Por esta situación se le imputa el delito de desobediencia, dos hechos, en concurso real con amenazas agravadas, artículos 45, 55, 239, y 149 del código penal y ley 26485 de violencia de género.
Por otro lado, también relató lo ocurrido en diferentes ocasiones, por ejemplo el 30 de mayo cerca de las 23,50 cuando la víctima estaba en su domicilio, y también incumpliendo con la orden emitida por el juzgado de familia arrojó una piedra y rompió el vidrio del frente del inmueble, quedando constancias fotográficas al respecto. Este hecho es calificado como daño en concurso real con desobediencia.
Asimismo, el 29 de mayo a las 00,15 ingresó al mismo domicilio, logrando la perjudicada llamar a la policía encerrándose en el baño. A los pocos instantes efectivos arriban y se lo llevan, pero puesto en libertad desde las 5 de la mañana comienza a hostigarla en forma telefónica. Este nuevo suceso se califica como desobediencia.
Se dio cuenta también que el 27 de mayo a las 00,00 se cruzó con la víctima en un sector de esta ciudad y en forma violenta la increpó reclamándole una computadora que había cedido para su hijo, constituyendo esto el delito de amenazas y siendo el hecho por el cuál se le impuso la prohibición de acercamiento.
El Ministerio Público Fiscal tuvo en cuenta la gravedad de los hechos, cinco en una semana, con una ola de violencia que va creciendo llegando a utilizar un cuchillo y con una expectativa de pena que va de tres a diez años de prisión. Comunicó que el imputado no tiene domicilio fijo ni residencia habitual, a la vez que su situación laboral es inestable. Relató que si bien presenta una situación de pensionado con retraso madurativo, un informe de la asesoría de familia da cuenta que él mismo solo necesita asistencia para cuestiones de salud y administración de su pensión. Por otra parte, el imputado cuenta con dos casos más en trámite, uno por abuso sexual y otro mediante la denuncia de un director de la escuela donde concurre el hijo de la víctima, debido a los golpes a los que sería sometido. Se informó que posee dos hijos en común con la mujer víctima, y resaltó el estado de vulnerabilidad de esta última, solicitando la prisión preventiva hasta la apertura de investigación.
De la audiencia participó como defensora Zulma Manyauik, en tanto que el asesor de familia Pablo Rey ratificó los informes particularizados en la salud mental del imputado que constan en ese organismo. Con todo esto, la Jueza Mirta Moreno valoró la existencia del peligro de fuga y entorpecimiento y señaló que el propio imputado declaró en esta audiencia que si hubiera querido degollarla o matarla lo hubiera hecho. Consideró la gravedad de todo lo sucedido en el transcurso de tan solo una semana y resolvió la prisión preventiva por el término de seis meses para el imputado, a la vez que autorizó una requisa al automóvil del mismo y un anticipo jurisdiccional de prueba con el testimonio de la víctima.
