Se trata de una causa por corrupción que fue ventilada en un juicio oral y público, que obtuvo Sentencia condenatoria en primera instancia, y ahora ambos defensores, piden se impugne la Sentencia, un tribunal de Cámara revisará la decisión. 

Durante la audiencia de revisión, el defensor Romano Cominetti, solicitó la nulidad de la condena por considerarla arbitraria. El Ministerio Público Fiscal rechazó el planteo tanto de Cominetti como de la defensora Florencia Barba. El fallo será notificado vía correo electrónico.

Este jueves 29 de mayo se llevó a cabo en la Cámara Penal de Trelew una audiencia de revisión en el marco de la causa que tiene como principal condenada a la exfuncionaria provincial Cecilia Torres Otarola.

El tribunal revisor, integrado por los jueces de Cámara, César Zaratiegui, Alejandro De Franco y Adrián Barrios, informó que la resolución será comunicada a las partes mediante notificación electrónica el próximo jueves 12 de junio de 2025

Durante la audiencia, los defensores, Romano Cominetti y Florencia Barba, solicitaron la nulidad de la sentencia de primera instancia. Cominetti argumentó que el fallo fue arbitrario y cuestionó la valoración probatoria. Barba, en representación de Javier Solari, Reto Trelles y Mara Rodera, sostuvo que sus asistidos no percibieron haberes y renunciaron posteriormente a los cargos. Ambos pidieron el sobreseimiento de sus asitidos

Por su parte, el titular de la UFE DAP, el fiscal General, Omar Rodríguez, y el Fiscal General, Lucas Papini, se opusieron a los planteos de la defensa. Señalaron que se intentó reintroducir cuestiones ya debatidas y remarcaron que el proceso judicial se extendió por más de cuatro años.

Al final de la audiencia, Torres Otarola y Mara Rodera hicieron uso de la palabra. La exministra afirmó que no defraudó a la provincia ni dejó personal en planta permanente. Rodera, en su intervención, se refirió al caso como un ejemplo de “porteñofobia”.

La sentencia de primera instancia, dictada por los jueces Carlos Richieri, José Ennis y Marcela Pérez Bogado, condenó a Torres Otarola por cuatro hechos de fraude a la administración pública y tres de exacciones ilegales. También fueron condenados Cañumil, Rodera, Solari y Trelles. El fallo señaló que los nombramientos no tuvieron contraprestación laboral y que existieron pedidos de devolución parcial de haberes a asesores legislativos.