Casi de manera puntual y ante los jueces Jorge Novarino, Miguel Caviglia y Fabio Monti, se inició el juicio oral y público contra 12 imputados entre funcionarios provinciales y comerciante de Trelew, en la causa en donde se investigan hechos de corrupción con fondos públicos que estaban destinados a paliar la emergencia climática en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Se trata de la llamada causa “madre” ya que en su origen lo documentación analizada mereció otras investigaciones, algunas de ellas con sentencia firme respecto de las personas investigadas.
Las audiencia coordinadas y organizadas por personal de la Oficina Judicial de Rawson, se realiza en una de las salas de la Casa de Retiro Espirituales con la que cuenta la Iglesia de la capital provincial.
Expedientes falsos
Se trata de un caso en donde se investigó el acuerdo existente entre funcionarios provinciales y comerciantes de Trelew y que consistió en la emisión de remitos y facturas para la posterior confección de expedientes de elementos que supuestamente iban a ser destinados para ayudar a los vecinos de Comodoro Rivadavia afectados por una grave emergencia climática, entre marzo y abril del año 2017.
Según la investigación en muchos casos esos elementos nunca se adquirieron. Sin embargo los pagos desde el Estado se realizaban en menos de una semana por haber sido declarada la emergencia climática a través de sendos decretos firmados por el ex gobernador Mario Das Neves. El dinero obtenido por compras inexistentes, era repartido entre los ahora imputados, según lo investigados por los fiscales que también determinaron que, en otros casos, los elementos se adquirieron pero con marcados sobreprecios.
Los expedientes creados de manera ficticia fueron para adquirir, entre otros elementos, agua mineral, leña, colchones, carne, frazadas. El dinero generado se cree en beneficio personal de los imputados rondaría los 18 millones de pesos.
Los imputados
Los imputados con funciones en el Gobierno Provincial son: Diego Correa, Leticia Huichaqueo, Diego Lüters, Marcelo Suárez, Vanina Barale y Cristian Orsi.
Los comerciantes imputados son los siguientes: Bruno Taurelli Chiribao (“La Agrícola”), Cecilia Sadaba (“Super Kiosco Emanuel”), Marta Fracasso (“Blanquería Matices”), Franco Finiguerra (“Mall Don Bosco”), César Hughes y Guillermo Williams (“Casa Maza”).
Antes del inicio del desfile de los primeros de los 245 testigos previstos, algunos defensores insistieron con que los plazos procesales están vencidos y que por lo tanto los imputados deben ser sobreseídos. Dijeron que la ampliación de los plazos “es inconstitucional”. Los fiscales generales Alex Williams y Omar Rodriguez insistieron en que la ampliación de los plazos estuvo justificada en la complejidad de la investigación y el proceso judicial, con muchos imputados con distintas responsabilidades en las maniobras, además condicionado por las restricciones por COVID 19.
Luego de escuchar los planteos de los defensores de algunos de los imputados Fabián Gabalachis y Omar López, y las respectivas posiciones de los fiscales, el tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles en que dará a conocer su decisión sobre el pedido de sobreseimientos debido a los que consideran el vencimiento de los plazos procesales.
En carácter de querellantes la Fiscalía de Estado está representada por el abogado Rodrigo Miquelarena y la Oficina Anticorrupción su apoderado Eduardo Conde.
