En una conferencia de prensa el fiscal general Fernando Rivarola y el Ministro de Seguridad Federico  Massoni brindaron detalles de la forma en que operaba una banda que desde el Instituto Penitenciario Provincial de la ruta 3 al norte Trelew, realizaban una maniobra extorsiva que se conoce como “sextorsión”, un delito de que su primera fase se lleva a cabo mediante el uso redes sociales con la utilización de perfiles falsos en general de jóvenes del sexo femenino de joven edad o adolescentes. En su segunda fase, toman contacto con las víctimas por Whatsapp y comienzan con las exigencias para lograr la transferencia de distintos montos de dinero. Intimidan a la víctima aludiendo falsas órdenes de detención, utilizando el nombre de fiscales y abogados conocidos, o bien de publicar el contenido de los chat en redes sociales.

La diligencia permitió el secuestro de  aproximadamente 40 teléfonos celulares que estaban en poder de algunos detenidos y que ahora deberán ser peritados con la finalidad de reunir las pruebas para seguir profundizando la investigación.

Los allanamientos se realizaron de manera sorpresiva y participaron unos 250 policías de toda la provincia que llegaron al lugar de manera subrepticia ya que el procedimiento también incluía el secuestro de teléfonos celulares del personal de custodia. La tarea fue coordinada por las autoridades de la Brigada de Investigaciones de Rawson que inició las pesquisas hace aproximadamente un mes y medio y que hasta el momento permitió determinar víctimas de todo el país, incluso de países limítrofes como Chile. El delito de “extorsión” es porque la forma de engañar a las víctimas y presionarlas con no difundir imágenes íntimas a cambio del depósito de dinero, incluía la invocación de los nombres de conocidos abogados penalistas, jueces y fiscales generales de la zona.

El monto de dinero con el que extorsionaban a las víctimas rondaba entre los 100 mil y 200 mil pesos y se estima que se concretaban aproximadamente una quincena de estafas por día. Muchas de las víctimas no se animaron a realizar las denuncias y la situación por la que estaban atravesando. Sin embargo denuncias concretas realizadas permitieron conocer esas y otras situaciones. Toda la investigación se centralizó en la Unidad Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital, de reciente creación por parte del procurador general Jorge Miquelarena y cuya responsabilidad máxima recae en el fiscal general Rivarola. 

Mensajes eróticos

La maniobra descubierta se originaba en perfiles falsos de faceebock en el que bellas y jóvenes mujeres iniciaban una relación de carácter virtual con sus víctimas, en general hombres mayores, de quienes obtenían imágenes subidas de tono y de un alto nivel erótico. A partir de allí, las víctimas recibían mensajes en general por whatsapp en el que haciéndose pasar por los fiscales generales Osvaldo Heiber,  Alex Williams o Adrián Cabral, los defensores  penalistas Fabián Gabalachis  y Martín Castro o el juez Daniel Yanguela, les exigían el depósito en cuentas determinadas de sumas de dinero de entre 100 y 200 mil pesos a cambio de no difundir esas imágenes.

“Hasta el momento hemos detectado un centenar de víctimas, así que se pueden imaginar muy bien la cantidad de dinero del que se hacía esta grupo que operaba desde ese centro penitenciario”, dijo Rivarola.

Tanto el fiscal general Rivarola como el ministro Massoni, se encargaron de destacar la tarea realizada por la Brigada de Investigaciones de Rawson que de manera coordinada dispusieron el movimiento de 125 policías que irrumpieron sorpresivamente en cada uno de los poco más de 130 calabozos en los que dormían los detenidos, en general con condenas firmes.

Sextorsión o extorsión sexual

El termino sextorsión o extorsión sexual es una forma de explotación sexual en la cual una persona es chantajeada, habitualmente por aplicaciones de mensajería por Internet, con una imagen o vídeo de sí misma desnuda o realizando actos sexuales que generalmente es compartida con fines de que se haga viral mediante sexting. Con la masificación de los teléfonos inteligentes, junto con el uso indebido de Internet y de las cámaras -especialmente en menores de edad-, han derivado en el aumento de este problema.

Producido por el Área de Comunicación Institucional de la Procuracion general – Oficina Rawson.