Audiencia de revisión por tentativa de homicidio de Ana Molina

Este viernes en horas de la mañana se realizó en sede de los tribunales penales ordinarios la audiencia de revisión de la prisión preventiva por un hecho acontecido el pasado 21 de enero del presente año que tiene como imputado a Martín Vargas y como víctima a Ana María Molina. Al concluir el acto se resolvió mantener la medida de coerción que viene cumpliendo el imputado hasta que finalice la investigación.

Presidió el acto Margarita Pfister, juez penal de refuerzo, por el Ministerio Público Fiscal asistió Mónica García, funcionaria de fiscalía, en tanto que la defensa del imputado fue ejercida por Guillermo Iglesias, abogado de confianza del mismo.

Cabe recordar que el hecho investigado aconteció el pasado veintiuno de enero de 2012, siendo aproximadamente las 20:00 horas en ocasión de encontrarse Ana María Molina y su pareja, circulando a bordo del rodado Peugeot 206, circulando por Av. Lisandro de la Torre, sentada en el asiento del acompañante y hallándose a unos veinte metros antes de llegar a Avenida Patricios, se colocó al costado del rodado, Martín Nicolás Vargas, alias “Casate”, a bordo del rodado Chevrolet Agile, quien mientras conducía sacó un arma de fuego, y efectúo al menos un disparo en contra de la humanidad de Molina hiriéndola de gravedad en su zona abdominal derecha. Que luego de esto, Vargas huyó del lugar a bordo del rodado con rumbo desconocido.

Producto del impacto Ana María Molina debió ser intervenida quirúrgicamente en el Hospital Regional, donde fuera trasladada por su pareja, siendo su pronostico reservado, habiendo puesto en peligro la vida de la víctima.

Al día siguiente del hecho se libró una orden de detención contra el imputado y el 24 de enero se realizó la audiencia de control de detención y formalización de la investigación, estableciéndose la prisión preventiva de Vargas por 20 días.

La funcionaria solicitó el mantenimiento de la prisión preventiva de Vargas por el tiempo que dure la investigación, dos meses, enumerando los diversos medios de prueba que se han realizado hasta el momento. Basando su solicitud en la subsistencia de elementos de convicción suficientes, para tener al imputado como probable autor del ilícito, por las características graves del hecho, y los peligros de fuga y entorpecimiento de la investigación; como también por el comportamiento del imputado en otros procedimientos.

Por su parte el defensor argumentó que “no existe ninguna razón de hecho ni de prueba para mantener cautelado a mi defendido” ya que no se secuestró ningún arma en su casa ni se le realizó la prueba del dermonitrotest. Negando la existencia del peligro procesal de entorpecimiento y solicitando la libertad de su pupilo; subsidiariamente medidas sustitutivas como la de presentarse semanalmente ante la autoridad judicial y la prohibición de acercamiento a la víctima y testigos del hecho.

Finalmente la juez penal resolvió mantener la medida de coerción del imputado hasta que concluya la investigación.