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Esquel

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Fiscalía participó con dos ponencias del XV Encuentro Patagónico de Ciencias Sociales

Bajo el lema 40 años de Democracia – Avances y desafíos, se lleva a cabo en Esquel la XV edición del encuentro que reúne a docentes, investigadores, estudiantes y profesionales de las Ciencias Sociales y Humanidades y demás público interesado en las temáticas. Profesionales de la Fiscalía participaron en dos ponencias, una sobre “Participación ciudadana en la justicia: juicio por jurados”, en el eje Educación y Democracia: Experiencias y Perspectivas, y la otra sobre “La protección ambiental desde la perspectiva del derecho penal”, en el eje Conflictos y democracia en los territorios patagónicos.

La Fiscal Jefa, María Bottini y la Coord. de proyectos de comunicación institucional, Sonia Pilar Vaamonde, expusieron en relación a la participación ciudadana directa en la justicia penal, desde la implementación del sistema de juicio por jurados y de las propuestas de la Fiscalía dirigidas a la formación docente y a actividades educativas para estudiantes como “Fiscalía Abierta”. En este sentido se mencionó el derrotero histórico desde la Constitución de 1853, que ya incluía los juicios por jurados, la experiencia en la materia de la Colonia Galesa entre 1865 y 1879 y la reciente ley de reglamenta los juicios por jurados populares en la provincia, así como las primeras experiencias, entre ellas la de Esquel.

La funcionaria Cecilia Bagnato, habló de la formación de conciencia ciudadana en nuestra región a partir de la lucha por el NO A LA MINA, alertando que pese a ello, continua el avasallamiento en el manejo de los recursos naturales. Varios casos han sido resorte de la justicia local en cuestiones tales como la tala de bosque nativo, la contaminación de la planta de residuos sólidos urbanos, la contaminación de las aguas en el Parque Nacional Los Alerces, en la justicia federal, algunos de los que ya cuentan con sentencia definitiva.

La necesidad de que los fallos judiciales sienten precedentes en pos de la protección del derecho humano a un ambiente sano, reconocido en toda la normativa vigente, impone que la ciudadanía haga eco, tanto de la gravedad de la problemática, como del acceso a la justicia con la finalidad de instar las acciones que coadyuven a su protección. De allí, la labor de educar en esa dirección, cobra fundamental relevancia.

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