Cuatro legajos fiscales tramitan en una misma carpeta judicial. Cada legajo se originó en una denuncia, en tanto que el último de ellos fue iniciado de oficio a partir de los indicios surgidos de las primeras medidas de investigación.

 

El primer legajo señala a una empleada administrativa del hogar de ancianos "Juan Domingo Perón", quién habría defraudado a una anciana aprovechando  su función. "Se apropió abusando de la confianza en ella depositada de la tarjeta de debito del Banco provincia del Chubut a nombre de la abuela  para luego dirigirse al cajero automático en la vecina localidad de Trevelin y extraer la suma de pesos mil ($ 1.000)", sin autorización de la titular y sin entregar nunca el dinero obtenido. Este hecho habría ocurrido el 14 de abril de 2014.

 

El segundo legajo investiga un hecho ocurrido entre marzo de 2012 y el mismo mes del corriente año. El funcionario Fidel González atribuye el hecho que afectó a un anciano internado en el hogar, con su salud muy deteriorada, a dos administrativas y a la directora del establecimiento. Según la denuncia, esta última habría exigido a la esposa del damnificado, la tarjeta de débito otorgada por el Banco del Chubut para el cobro de la jubilación del interno, fundamentando el pedido en que el dinero se destinaría a cubrir los gastos de la internación "a sabiendas que desde el Ministerio de la Familia y Promoción Social de la provincia del Chubut se abonan los gastos de todo el personal que asiste a los ancianos internados, como así también del funcionamiento operativo del hogar (alimentos, vestimenta, higiene, etc). No quedando ningún tipo de erogación a cargo del los internos", indica la imputación fiscal, con una salvedad, los gastos de farmacia.

Siguiendo la línea de lo denunciado, la Fiscalía sostiene que el damnificado era trasladado al Banco, con acompañamiento del personal administrativo imputado, se lo llevaba a la caja o al cajero a realizar extracciones de dinero por diferentes cantidades, luego se lo regresaba al hogar dejándolo en su silla en la sala, sin dinero alguno, en tanto las imputadas se reunían a puertas cerradas sin poderse precisar por el momento, el destino dado al dinero. Por este hecho, se estima que el perjuicio económico causado rondó los $67.729.

 

El tercer legajo investiga el perjuicio presuntamente ocasionado a otros diez ancianos, entre comienzos de 2007 y marzo de 2014. Con una modalidad similar a la descripta en el hecho anterior, las imputadas, según la información obtenida hasta el momento, habrían causado un menoscabo de aproximadamente $713.638.

 

Finalmente el último legajo incrimina únicamente a la coordinadora las casas tuteladas, por su accionar entre enero de 2007 y julio de 2013 en relación al cobro de las jubilaciones de los ancianos que ocupaban los monoambientes, la compra de medicamentos y la administración del dinero sobrante. En relación a este legajo se estima un perjuicio para cuatro damnificados de alrededor de $309.112.

Las imputadas fueron asistidas por dos abogadas de la Defensa Pública, la Dra. Valeria Ponce y la Dra. Paola Bagnato. Esta última cuestionó la descripción de la conducta achacada a su defendida, aunque aceptó los términos de la imputación por tratarse de la audiencia de apertura.

 

La investigación iniciada por el funcionario Fidel González cuenta con un plazo de seis meses para profundizarse y definir si hay o no elementos suficientes para llevar el caso a juicio.

El juez de la carpeta es el Dr. Martín O'Connor.