Comenzó el juicio que busca determinar cómo ocurrieron los hechos que se suscitaron el 10 de enero de 2017, sobre la ex Ruta 40, hacia El Maitén. Todo comenzó cuando un camión de la División Abigeato secuestró animales, como un desprendimiento de un operativo iniciado por el Juzgado Federal de Esquel, llevado a cabo entre Gendarmería y la Policía Provincial en la toma de tierras del Pu Lof en Resistencia Cushamen. El Fiscal de la Comarca, Oscar Oro, llevó el caso a juicio con cinco imputados acusados por atentado a la autoridad agravado por el uso de arma y por ser más de tres las personas involucradas, en concurso real con daño. Al conductor del vehículo de los acusados le imputó también por resistencia a la autoridad en concurso ideal con lesiones graves. El defensor particular, Edgardo Manosalva y el defensor público, Marcos Ponce, sostienen que los hechos no se ajustan a la versión policial y que los imputados son en realidad víctimas.
Que el escenario de los hechos se situó entre los kilómetros 254 y 257 de la ex Ruta 40 (de ripio), y la localidad de El Maitén, es uno de los escuetos y escasos acuerdos entre los planteos de las partes. La cantidad de personas involucradas, las circunstancias en que se produjo y la dinámica de los sucesos, aportan a la conformación de un cuadro particularmente complejo, que deberá ser planteado con claridad por las partes y analizado con meticulosidad por el juez Martín O’ Connor.
Los desacuerdos entre la acusación y las defensas son numerosos. Mientras que Oro, siguiendo la versión policial, sostiene que los imputados persiguieron y atacaron al camión de Abigeato con elementos contundentes, armas de fuego y una bomba molotov que al impactar contra el rodado no se activó, las Defensas indican que los imputados buscaban sus caballos cuando vieron que eran transportados en un camión sin identificación y con vidrios polarizados, desde el que fueron atacados mediante disparos.
La acusación
Oro describe el tramo central de los hechos indicando que como resultado del procedimiento, el personal policial se dirigía a El Maitén, y al conducir por el sector conocido como la “curva de Leiza” -ubicada en cercanías del cruce de la ex ruta 40 y la ruta provincial 70-, sobre la primera de las arterias de ripio, advierten la presencia al costado de la misma de una camioneta de color gris con baranda de madera marca Isuzu con varias personas dentro del habitáculo y en la caja de la pick up. Jorge Buchile conducía la camioneta y lo acompañaban en el habitáculo Ivana Huenelaf, Daniela Berenice Gonzalez y Gustavo Jaime. En la caja había tres encapuchados, de los cuales uno era Javier Ruiz.
Al sobrepasar el camión, los sujetos que estaban en la caja de la camioneta, arrojaron algún elemento contundente. Una de las maniobras que efectuó la camioneta fue la de ubicarse delante del camión y al disminuir la velocidad, obligó al conductor del camión a reducir la velocidad del rodado de gran porte, y allí es cuando arrojaron contra el camión una bomba tipo “molotov”, la que impactó en la parte inferior del paragolpes, sin lograr que se encendiera ni explotara. También efectuaron disparos con armas de fuego, habiendo utilizado al menos un arma corta o de mano y otros elementos contundentes, que impactaron en el frente y en el lateral izquierdo del camión.
El acusador plantea que ante ese accionar, el personal policial repelió la agresión utilizando sus armas reglamentarias, al tiempo que recibió apoyo de un vehículo particular en el que se traslada el Subcomisario Fernández (Jefe de la División de Seguridad Rural de El Maitén), acompañado de dos suboficiales del mismo cuerpo, más un móvil de la Comisaria Distrito Leleque, siendo una camioneta marca Volkswagen modelo Amarok con cuatro (4) suboficiales, que se desplazaban desde El Maitén.-
Al advertir que estaban rodeados por el personal policial, sin salida, y varados entre los vehículos descriptos, tres de los tripulantes que se encontraban encapuchados y en el sector trasero del rodado, descienden del vehículo y emprenden la huida a pie, corriendo, a través de los predios rurales adyacentes. El personal policial sólo logró la aprehensión de Javier Salvador RUIZ, quien fue hallado escondido debajo de una planta de rosa mosqueta, pretendiendo evitar ser observado y detenido.
El resto de los ocupantes del rodado, dos (2) masculinos y dos (2) femeninas, emprendieron la huida hacia la localidad de El Maitén, para lo cual debieron sortear un obstáculo policial, pretendiendo atropellar al suboficial Amed, quien logró tirarse a un costado, pero igual recibió una embestida con el paragolpes delantero de la camioneta, que le provocó lesiones en su pierna izquierda.-
Luego de hacerse a un lado, y evitar ser atropellado, utilizó su arma reglamentaria (pistola calibre 9mm), efectuó dos (2) disparos, de los cuales uno –se creyó- había impactado en la rueda trasera izquierda y el otro en la tapa de la caja de la camioneta. La defensa plantea que el suboficial disparó de frente a los ocupantes del rodado, que Buchile intentó huir y entonces Amed realizó los otros dos disparos.
Oro señala en su acusación que no obstante la rotura de la cubierta trasera, los imputados continuaron la huida en dirección hacia la localidad de El Maitén, siendo perseguidos por personal policial. Finalmente, fueron aprehendidos en inmediaciones del inmueble donde se ubicaba el viejo Hospital de El Maitén.-
Allí se procedió a la detención de los cuatros tripulantes de la camioneta, quienes resultaron ser Jorge BUCHILE (el conductor), Ivana HUENELAF, Daniela Berenice GONZÁLEZ y Gustavo JAIME. Los tres primeros en la camioneta. Jaime bajó y se ocultó en el interior del edificio, donde fue encontrado.
Luego de efectuar las detenciones, se procedió a la requisa de la camioneta Isuzu, en la que se incautaron tres (3) botellas con líquido combustible y pasto en su interior, identificadas como bombas del tipo “molotov”, siendo dos de ellas botellas de vidrio de la bebida alcohólica tipo aperitivo Fernet marca Branca y la otra una botella de vidrio de un litro de cerveza, las que resultan ser elementos con poder explosivo e inflamable; como así también elementos varios relacionados con los hechos investigados: cuchillos, lazos, cabezadas y sogas.
El planteo defensista
Los planteos de los abogados defensores son varios y atacan con una versión diferente de los sucesos, cada una de las secuencias de lo descripto por la acusación. Para empezar refieren que los imputados no tenían manera de deducir la pertenencia del camión de Seguridad Rural, a ninguna institución, ya que la única identificación era un minúsculo cartelito que no se dejaba ver claramente por los vidrios polarizados y que no era distinguible a más de un metro y medio de distancia. Esta circunstancia sería la que habría llevado a los imputados a pensar que les estaban robando los caballos, por lo que siguieron al camión. Manosalva sostuvo que se pusieron a la par para hablar con el chofer, pero cuando lo intentaron, vieron que el conductor sacó un arma de fuego de puño, apuntó contra la camioneta y efectuó dos disparos. Los otros dos policías habrían utilizado armas de disuasión antitumulto (con postas de goma).
Frente a esta situación, el conductor habría acelerado para alejarse, siendo perseguidos por el camión. Más adelante los pasó en sentido contrario una camioneta de la Compañía de Tierras, en la que viajaban tres policías. El abogado Manosalva describió la situación desencadenada como una “cacería humana”.
Entre varios otros planteos, la defensa pretende demostrar en juicio que el acta policial es nula y a partir de ello todo el procedimiento realizado, las detenciones y toda la investigación que de ella se desprendió.
Ponce sostuvo que el juez podrá ver e interpretar los hechos a través de la prueba, conforme a una versión muy simple, quitándole todo elemento de subjetividad que tiñe innecesariamente una causa y nos aleja del curso técnico del debate. Señaló además que no puede hablarse de un contexto de usurpación, ya que no existe sentencia condenatoria en causa penal, ni sentencia ni siquiera demanda civil reclamando aquella tierra. Siguiendo esta línea de razonamiento se refirió a la ley que establece el estado de emergencia para las ocupaciones territoriales, la que fue prorrogada hasta noviembre de 2021. Recién tendremos que esperar varios años para hablar de usurpación o no.
“En este proceso lo que va a ver el juez es un contexto desmesurado de despliegue de fuerzas militarizadas”, indicó Ponce. “Ruiz Huenchupán y Daniela González, ninguno de los dos se declaraban ocupantes de la lof, se solidarizaron, por eso estaban en el lugar, por lo que consideraban un justo reclamo. En ese ejercicio de solidaridad acompañaron a la comunidad que vive en el lugar porque se le habían perdido unos animales... Se organizaron espontáneamente en ese momento para buscar los animales. Después de un ejercicio de fuerza absolutamente desmesurado. Daniela fue a sacar fotos. Huenchupán es conocedor de la zona, va a ver a ayudar a rastrear. No fueron a cometer delito alguno y no cometieron delito alguno”, remarcó.
El juicio está programado en cinco jornadas con más de 50 testigos.
