Martín Zacchino planteó alternativamente la calificación de robo doblemente calificado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda y por su comisión mediante el uso de armas, en concurso ideal con privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia, tanto para los coautores como para la partícipe.

 

El 5 de febrero de 2012, alrededor de las 00:50 horas, un grupo de cuatro personas, una de las cuales aun no estaría identificada, ingresaron al local comercial ubicado en San Martín al 700. Lo hicieron por una puerta lateral. Zacchino sostiene que con el pleno conocimiento de que la persona que hace las veces de personal de seguridad no se encontraba y que el propietario se hallaba solo haciendo la caja. Los asaltantes llevaban armas de fuego y aprovecharon el momento en que la víctima se disponía a salir de las oficinas, para golpearla en varias partes de su cuerpo y le cubrirle el rostro con un pullover.  Luego lo introdujeron nuevamente en el local comercial donde le exigieron la entrega de dinero mientras lo maniataron y golpearon reiteradamente con las armas y puntapiés. Uno de ellos le colocó el arma en la boca gatillándola sin que saliera un disparo, ya sea por una falla del arma o bien porque la misma no estaba cargada.   Luego sustrajeron una importante suma de dinero en moneda nacional y extranjera, un CPU, un manojo de llaves, y dos o tres cheques de terceros para darse rápidamente a la fuga. Primero salieron corriendo y después en un vehículo blanco, dejando al damnificado tendido en el suelo, con el rostro cubierto y con las manos atadas atrás del cuerpo.

 

El avance de la investigación permitió dar con tres sujetos que son investigados como posibles autores materiales del hecho. También se obtuvieron elementos para sumar a una mujer, por aquel entonces empleada del comercio, que habría brindado información de suma importancia para la comisión del hecho.

 

La audiencia que comenzó a las 11:30 hs del jueves, finalizó a las 20:30 hs luego de largas discusiones entre las partes entorno de la prueba que cada una de ellas pretendía ingresar al juicio. Juan Zapata, abogado de la imputada pidió el sobreseimiento de su defendida. Por su parte Horacio Hernández, defensor de otro de los imputados requirió más información en torno a algunos elementos de prueba, cuestión que fue observada por el Juez Javier Allende, ya que debía tomar estas previsiones en forma previa a la audiencia. Por su parte la Dra. Esther Cárdenas, sostuvo que no está de acuerdo con la formulación de la acusación ya que no detalla el accionar de cada uno de los imputados. El plantel de defensores se completó con el Dr. Hugo Cancino.

 

Luego la Fiscalía planteó su pretensión de mantener la prisión preventiva hasta la realización del juicio por mantenerse los riesgos procesales, fundamentalmente el peligro de entorpecimiento en relación a los testigos. Los defensores se opusieron planteando que resolver de este modo sería criminalizar la pobreza y convertir la prisión preventiva en regla en lugar de excepción, entre otros cuestionamientos.

El juez entendió que en el caso la única manera de preservar efectivamente la investigación será con la prisión preventiva de cumplimiento efectivo.

 

A pedido de las defensas, el viernes se realizó la audiencia de revisión a cargo de los jueces Anabel Rodríguez y Jorge Criado. Ambos magistrados, luego de escuchar los planteos de las partes, decidieron mantener la medida de privación de la libertad, aunque en modalidad de arresto domiciliario, advirtiendo a los imputados que cualquier incumplimiento los hará regresar a la comisaría.

También realizaron un llamado de atención al Dr. Horacio Hernández por su desempeño en la audiencia y anticiparon que harán llegar sus observaciones al tribunal de disciplina del Colegio de Abogados.