La fiscal María Bottini y la funcionaria Cecilia Bagnato, oralizaron la acusación pública contra dos imputados, un hombre y una mujer, por sucesos ocurridos en abril de 2020 en un establecimiento rural. Los defensores particulares José Julian Ripa y Sonia Ivanoff, pidieron el sobreseimiento de los imputados, cuestionaron la acusación pública, responsabilizaron a las víctimas e indicaron que se trata de un conflicto de tierras. El juez Jorge Criado rechazó los planteos de sobreseimiento, admitió prueba de las partes y dispuso que la Oficina Judicial sortee juez de juicio y fije fecha para el debate.

La Fiscalía sostiene que el hecho ocurrió en el Establecimiento Rural denominado “El Martillo”, ubicado a unos 25 kms. de la localidad de Trevelin, Provincia del Chubut, el día 20 de abril de 2020 a las 18:30 hs. y hasta las 20:00 aproximadamente, en circunstancias en que los imputados, un hombre y una mujer, conduciendo una camioneta interceptaron en el camino de ingreso al establecimiento a dos de las víctimas que se conducían también en una camioneta. Los colisionaron en dos ocasiones, dañando el vehículo, en la parte frontal. Luego el imputado descendió de su rodado y forcejeó con el conductor de la otra camioneta intentando que éste se bajara. Posteriormente le pidió a su acompañante, la imputada, que le llevase un arma de fuego que tenía en el vehículo a lo que ésta le alcanzó un revólver, color negro, calibre 22, con balas, con la que el acusado procedió a apuntar a ambas víctimas refiriéndoles que los iba a matar, que no saldrían con vida del lugar; situación que fue en aumento al punto que suplicaron que no los maten. En esos momentos apareció en el lugar un puestero del establecimiento, blandiendo un cuchillo, de grandes dimensiones, tipo Eskiltuna, profiriendo amenazas de muerte a los presentes, indicándole al imputado que arriba había dos personas más. Luego este le ordenó al puestero que bajara del vehículo a los ocupantes, forcejeando con uno de ellos, al mismo tiempo que el imputado abría y cerraba la puerta del conductor apretándole la pierna a la víctima y dándole patadas. También se encontraba en el lugar un constructor, quien se conducía en su vehículo, a quien el imputado, apuntándole con el arma le dijo “vos quien sos, te voy a matar, no te podes meter a mi campo”, “los voy a matar a todos”. Inmediatamente le ordenó que busque a los demás empleados que se encontraban en el puesto. En ese lapso el imputado insistió en que bajen del vehículo a a las dos víctimas, refiriéndoles que si no lo hacían los iba a matar de todas maneras. Con dicho accionar violento el sindicado logró que las víctimas descendieran del rodado y los trasladó hasta un descampado, haciendo ademanes con el arma como para dispararles refiriéndoles además que esperaría la llegada de los demás empleados para que presenciaran ese momento, refiere a una de las víctimas, “como una especie de fusilamiento”. Esta situación se mantuvo hasta la llegada de los demás trabajadores, por aproximadamente 15 minutos. Al llegar al lugar tres trabajadores, el imputado procedió, empuñando el arma de fuego a amenazarlos “los voy a matar, quien rompió el candado que lo mato”, “que sabía dónde vivían, quienes eran y que iba a matar a sus familias y a sus hijos”. Luego el acusado tomó las llaves del vehículo de las víctimas, refiriéndole que se vaya caminando y que la camioneta la iba a arrojar por un barranco o la tiraría al fondo del río. Por lo que las víctimas regresan en el vehículo del constructor hasta la tranquera de ingreso al predio, lugar donde momentos después fueron interceptados nuevamente por los dos imputados. El hombre le devolvió la llave de la camioneta a la víctima y le dijo que suba a la caja de su vehículo para volver a buscarla, a lo que la víctima se negó. En ese momento la imputada con el arma en su mano, abrió la tranquera y mediante amenazas le refirió a una de las víctimas que se irían todos menos él. Al quedarse solo con los agresores, el imputado le dijo que si lo volvía a ver lo iba a matar a él y a toda su familia y a la familia de su socio en el establecimiento, sintiendo la víctima absoluta dominación y mucho temor. Posteriormente el damnificado ya solo, emprende el sendero caminando para buscar su camioneta, mientras que el acusado asciende en su vehículo, momento en que la víctima logró comunicarse telefónicamente con su socio, quien le avisó que estaba yendo al lugar la policía y la Gendarmería, por lo que regresó hasta la tranquera de ingreso al predio y observó que el imputado volvió en su vehículo, por lo que se escondió, manteniéndose a resguardo hasta la llegada de la Policía. El imputado permaneció cinco minutos en el lugar, luego se retiró.

Al día siguiente 21 de abril de 2020, en el mismo lugar de los hechos y en ocasión de realizarse una inspección ocular con presencia de personal policial, se constató la presencia en el predio de ambos imputados, desobedeciendo una orden de prohibición de acercamiento. Antes de retirarse del lugar, el acusado amenazó nuevamente a las víctimas mediante un además con su mano, como que “les iba a cortar el cuello”.

Los hechos fueron calificados por la fiscalía como constitutivos de amenazas agravadas por uso de arma, privación ilegal de la libertad agravada y amenazas simples.

Los defensores pidieron el sobreseimiento de los imputados basados en diversos cuestionamientos. Cuestionaron el relato de los hechos y las variaciones que este tuvo respecto del momento de la formalización de la investigación, plantearon la inocencia de sus defendidos, indicando que se trata de un problema de derechos sobre las tierras en la que ellos están siendo desplazados por los denunciantes.

El juez Jorge Criado explicó a los imputados que la acusación presentada por la Fiscalía no tiene que ver con la propiedad de las tierras, sino que se refiere a conductas que infringen la ley penal. Añadió que para dictar un sobreseimiento en esta etapa, necesita tener una certeza negativa, es decir, que resulte evidente que los hechos acusados no ocurrieron, o bien que no son delito y/o certeza de que los imputados no tuvieron nada que ver con ellos. Al no existir tal certeza, los hechos deben ser sujetos a producción de prueba y esto solo puede ocurrir en el juicio.

Por este, entre otros motivos que expresó en sus fundamentos, Criado dispuso que la investigación pase a etapa de juicio. El martes la Oficina Judicial fijará fecha para el debate y sorteará la integración del Tribunal.