Este martes tuvo lugar la audiencia de debate por la pena a imponer a Antonio Melillanca, declarado culpable por un jurado popular, en relación a siete hechos de abuso sexual con acceso carnal, algunos de ellos agravados por el grave daño a la salud mental de la víctima. El próximo martes se conocerá la sentencia.

El funcionario Ismael Cerda y la fiscal María Bottini, pidieron la imposición de una pena de 20 años de prisión para el condenado. Tomaron en cuenta la gravedad de los hechos, la reiteración en el tiempo, su cronicidad, valoraron los hechos como aberrantes y destacaron que el imputado manipuló al entorno familiar para que declare en su favor. En su alegato, Cerda destacó que los abusos se prolongaron por más de veinte años, en el contexto de un vínculo ejercido con violencias de distinto tipo: físicas, simbólicas y económicas. Detalló las condiciones determinantes de la alta vulnerabilidad de la víctima y Bottini se refirió a la motivación del imputado de ejercer la dominación sobre ella y sobre todo el grupo familiar. Refirió que hay un deber del Estado de quebrar estos parámetros y prácticas culturales.

El defensor particular, Juan Zapata, propuso la imposición de una pena de 10 años de prisión, que se aparta del mínimo legal y que permita cumplir con la finalidad de la pena, de provocar un cambio en la persona del imputado, en procura de su resocialización. Pidió que se tengan por atenuantes la falta de educación formal, que asiste a una iglesia, que nunca le faltó nada en materia económica a sus hijos y que con estos condicionantes tampoco puede pensarse que pudiera manipular a tantas personas.

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