En la audiencia de cesura de pena, realizada en la Oficina Judicial de Rawson, el fiscal general Omar Rodríguez junto a la funcionaria Analia Acuña, solicitaron un año y medio de prisión de ejecución condicional, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa para Carolina Pardo Said, declarada culpable por negociaciones incompatibles con la función pública.

En el marco de la audiencia de cesura de pena realizada tras el veredicto de culpabilidad, el fiscal general Omar Rodríguez, del Ministerio Público Fiscal, solicitó la imposición de un año y medio de prisión de ejecución condicional para Carolina Pardo Said por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
El planteo del MPF se produjo luego del juicio oral y público desarrollado bajo la modalidad de tribunal escabinado, integrado por tres jueces técnicos y dos ciudadanos, en el primer caso de corrupción pública de la provincia tramitado bajo este sistema mixto.
Durante su exposición, Rodríguez solicitó además que se imponga inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el pago de una multa de 2.180.000 pesos y el cumplimiento de pautas de conducta.
El fiscal se refirió a la gravedad del delito y mencionó las convenciones internacionales y leyes nacionales que promueven la persecución de los hechos de corrupción, a las que adhirió la Argentina. También destacó la reiteración de la conducta atribuida a la imputada y su actitud frente al proceso judicial.
Por su parte, el defensor Diego Crusceño solicitó que se aplique la pena mínima de un año de prisión. También planteó que la multa pueda ser abonada en cuotas y con un plazo de gracia de seis meses, señalando las dificultades que, según indicó, enfrenta su defendida para reinsertarse en el mercado laboral, tras haber sido exonerada de la administración pública.
El tribunal estuvo integrado por los jueces técnicos María Laura Martini, Eve Ponce y Jorge Novarino, junto a dos ciudadanos de la ciudad de Rawson.
Durante el debate quedó probado que Pardo Said, mientras se desempeñaba como jefa del Departamento de Compras del Ministerio de Seguridad del Chubut, intervino en contrataciones que beneficiaron a su pareja, Vicente Andrés García, mediante pagos por trabajos de reparaciones mecánicas, refacciones edilicias y servicios eléctricos destinados a dependencias oficiales.
Tras escuchar los planteos de las partes, el tribunal anunció que dará a conocer el fallo el proximo jueves 19 de marzo entre las 12 y 13 hs.