El martes pasado en plena feria judicial, la defensa de Héctor Gabriel Cheuquen y Ceferino Ojeda -imputados en el denominado “Caso Ruiz”- representada por los abogados Sergio Fassio y Emilio Galende junto al letrado querellante Dr. Matías Cimadevilla presentaron en la Fiscalía de Puerto Madryn un acuerdo que lleva las firmas de Jorge Araujo y Fernando Ruiz en representación de su padre, solicitando la extinción de la acción penal en la causa calificada como “Homicidio en grado de tentativa” que investiga las graves lesiones que sufrieron Ruiz y Araujo a raíz de una golpiza en la vía pública. Dicho escrito que solicita la homologación del Juez, expresa que de manera voluntaria y confidencial las víctimas pretenden se disponga la extinción de la acción penal, el sobreseimiento de Ceferino Ojeda, el archivo de las actuaciones labradas por el Ministerio Público Fiscal y la finalización de la investigación de los hechos además de dar fin a las demás peticiones colaterales, entre las que se encontraría el pedido de desafuero de Mateo Suárez y otros gremialistas presentado ante el Secretario General de la UOCRA. Para llegar a esta instancia, las partes acordaron recibir en concepto de reparación por las lesiones sufridas la suma de $ 25.000 pesos cada uno, con el fin de materializar tratamientos y cirugías para rehabilitarse de los graves daños en su salud. El escrito expresa que el dinero ya se encuentra depositado y que las víctimas podrán percibirlo una vez que el Juez homologue el acuerdo. El DEBER DE INVESTIGAR Dicho acuerdo, será rechazado por el Ministerio Público Fiscal, quien tiene el deber de continuar con la investigación penal que lleva adelante, tal como lo establecen el Art. 120° de la Constitución Nacional y el 195° de la Constitución de la Provincia del Chubut.. Sumado a este deber, es menester destacar que en este tipo de delito calificado como “Homicidio en grado de tentativa” no cabe la conciliación pretendida por las partes, puesto que es un hecho que reviste suma gravedad e interés público porque se puso en juego la vida de dos militantes sociales e involucra a representantes de una institución gremial. Asimismo, en la investigación del citado hecho que causó conmoción en la sociedad madrynense, se recolectaron elementos probatorios para determinar la identidad del instigador del ataque y las motivaciones que tenían los agresores al tratar de impedir que se concretara una marcha para solicitar puestos de trabajo en la obra de la doble trocha. Por último, no debe olvidarse la carga y responsabilidad del Estado, que impulsó todas las diligencias necesarias para resolver el caso a través de la intensa movilización de personal policial y judicial. LA VISIÓN LEGAL Desde el punto de vista jurídico, el delito no es pasible de este tipo de acuerdo, puesto que los llamados “criterios de oportunidad” sólo caben en conflictos con lesiones leves. Tampoco tiene lugar en los preceptos de reparación previstos por el Art.48° del Código Procesal Penal, puesto que en el caso de Ceferino Ojeda, éste registra dos condenas anteriores y es reincidente. Así también las reglas de disponibilidad de la acción penal que prevé el CPP no admiten en este tipo de hechos soluciones conciliatorias o reparatorias, sin perjuicio de la indemnización voluntaria que pueden efectuar los imputados a favor de las víctimas por la vía civil. Finalmente, desde el Ministerio Público Fiscal se rechazará este acuerdo puesto que en los delitos penales de acción pública la investigación del Estado es indelegable, irretractable e irrenunciable. AUDIENCIA DE CONTROL DE DETENCIÓN A raíz de este escrito, en el día de mañana se realizará a las 11.30 horas en la Oficina Judicial de los tribunales de Puerto Madryn una audiencia de revisión de prisión preventiva correspondiente a Ceferino Ojeda, único imputado detenido en la causa.